La Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV), empresa pública de la Generalitat, abonó hasta 2,7 millones al arquitecto valenciano Santiago Calatrava por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico del Centro de Convenciones de Castelló, a pesar de que, como consta en un burofax remitido a la mercantil Santiago Calatrava GMBH en noviembre de 2009, consideraba que el proyecto remitido «no se ajusta» a «las condiciones pactadas en el contrato».
En concreto, añadía la SPTCV, el diseño del macroproyecto para Castelló que no ha llegado a construirse llegaba a «triplicar la superficie construible y precio pactados», en referencia al presupuesto «orientativo» de 60 millones. Por ello, le devolvía el proyecto básico. No obstante, la firma que preside el vicepresidente económico, Gerardo Camps, justificó en el mismo burofax el abono de 1.350.000 euros —la parte que faltaba de los 2,7 millones citados— en tres cheques con vencimiento el 25 de noviembre de 2009 y el 25 de febrero y 25 de abril de 2010 por la «voluntad de entendimiento» de la empresa de la Generalitat con Calatrava.
Así lo acreditan los documentos facilitados ayer en rueda de prensa por la diputada de Esquerra Unida en las Corts Marina Albiol y el portavoz de la ejecutiva de EUPV, Ignacio Blanco, quienes avanzaron que los adjuntarán a la denuncia que presentarán la próxima semana ante la Fiscalía por los pagos «millonarios» de la Generalitat a Calatrava en «proyectos fantasma» que no se han ejecutado. A los 2,7 abonados por el centro castellonense se añaden otros 2,5 por las Torres de la Ciudad de las Artes y 600.000 euros por la dársena del puerto de Torrevieja.
En total, 5,8 millones por proyectos no ejecutados. Albiol burló la negativa del Consell a dar copia de los papeles a los diputados al fotografiarlos durante su visita a la SPTCV de la semana pasada, en la que se le permitió examinarlos.
La SPTCV firmó con Calatrava el 17 de diciembre de 2007 un contrato por el que le adjudicaba el proyecto sin concurso público, acogiéndose a una de las excepciones de la ley de Contratos por «razones técnicas o artísticas o relacionadas con la protección de derechos exclusivos». EU lo ve irregular y cree que debió realizarse un concurso de ideas.
El documento lo justifica porque «el prestigio nacional e internacional reconocidos» del arquitecto «dotará al edificio de unas características singulares propias». El contrato especifica los honorarios del profesional: Por la redacción del Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico, 2,7 millones, que son los que ha cobrado, equivalentes al 4,5% del presupuesto «orientativo» de 60 millones. Además, debía percibir el 4% del citado presupuesto por el proyecto de ejecución (2,4 millones) y el mismo porcentaje y dinero por la dirección de obra.
En total, 7,5 millones, el 12,5% del presupuesto. No obstante, el mismo contrato ya preveía que habría sobrecostes, de forma que los honorarios del arquitecto, en los tres conceptos, «se actualizarán en función del coste real de la obra». Aunque el burofax da a entender que el proyecto presentado por Calatrava triplicaba la superficie y también el precio (que se elevaba así a 180 millones), EU explicó que en el resto de documentación lo que se multiplica por tres es la superficie y que el nuevo presupuesto de Calatrava era de 100 millones, aunque abierto a subidas.
Pago pese al bloqueo del PAI
EU hizo hincapié en que los terrenos donde iba el centro están bloqueados por la paralización del PAI Mestrets por el TSJCV. Un fallo, pendiente del Supremo, dictado en noviembre de 2008, lo que no impidió al Consell transferir después hasta 1,7 millones (de los 2,7) por un proyecto que se devolvió. El contrato también preveía que el abono de honorarios, sin IVA, se haría en Zurich para «eludir el pago de impuestos», censuró Albiol.
Según el documento, por el Master Plan, Anteproyecto y Proyecto Básico, Calatrava cobraba un millón de euros a la firma del contrato (cheque del 17 de enero de 2008) ; 350.000 euros (cheque del 3 de enero de 2009) a la entrega del anteproyecto; y 1.350.000 euros a la remisión del proyecto básico. En los dos últimos casos el abono era «tras la revisión y aceptación» de los documentos por la SPTCV. El Consell podía no haberle hecho el último pago acogiéndose a esta cláusula. Pero no lo hizo. Para EU, esto «puede ser un uso indebido de fondos públicos».
El burofax señala que el abono no implica que la SPTCV acepte que Calatrava haya cumplido las condiciones o que se asume el trabajo; es más, asevera que el arquitecto «no ha cumplido hasta la fecha las obligaciones contractualmente establecidas con relación al proyecto básico». E incluso recalca que verbalmente y por escrito se le dijo que el proyecto no respetaba lo pactado. Acto seguido, precisa que el pago «únicamente responde a la voluntad de entendimiento que la SPTCV siempre ha mantenido con el señor Calatrava».
EU cree que puede ser otro «Palma Arena»
EU consideró que el caso del Centro de Convenciones y otros por los que Calatrava cobró pese a que no se han ejecutado «son bastante parecidos al de la Ópera de Palma, donde están imputados Matas y Calatrava», advirtió Blanco. En el caso Palma Arena, el arquitecto cobró 1,2 millones por el anteproyecto (la maqueta) del Palacio de la Ópera que no llegó a ejecutarse y que se le dio sin concurso. Blanco dijo que, de los papeles, se desprenden «presuntas responsabilidades administrativas» y quizá penales porque los responsables del Consell «desoyeron» los criterios técnicos. «Estamos ante el saqueo del presupuesto por Calatrava, con la complicidad de los gobernantes del PP».
Cláusulas leoninas en las que el arquitecto siempre gana
El documento cumple «a la perfección la ley del embudo», denunció EU. Estas son algunas de las ventajas que lograba Calatrava:
Un millón al firmar
Al margen de unos honorarios del 12,5% del coste del proyecto, el cobro era excepcional: Un millón a la firma del contrato; 350.000 euros a la entrega del anteproyecto; y 1.350.000 euros al enviar el proyecto básico.
Cobraba a los 30 días
Los pagos debían concretarse en un plazo de 30 días desde la presentación de la factura. En cuanto al proyecto de ejecución, percibía el 75% a su entrega; el 20%, con el acto formal de recepción; y el 5%, a la contratación de la obra. Respecto a la dirección de la obra, cobraba en un plazo de 30 días desde la presentación de la factura.
No se le pidieron garantías
No se le exigió ninguna garantía cuando, apuntó EU, la ley prevé que se pida el 4%.
Pagos en un paraíso fiscal
El domicilio a efectos de pagos era el de la empresa de Calatrava en Zurich, lo que llevó a EU a censurar que el Consell «pague en paraísos fiscales». Las cantidades son limpias, sin IVA o cualquier otro impuesto.
Silencio positivo para Calatrava
El silencio administrativo siempre favorece al arquitecto en las diferentes fases, como tras la entrega del Master Plan o el anteproyecto y proyecto básico. La falta de respuesta de la SPTCV autorizaba al arquitecto a seguir con los trabajos.
Si hay sobrecostes, más caja
El contrato prevé unos honorarios pero estos «se actualizarán en función del coste real de la obra». El proyecto básico ya había disparado el coste de 60 a 100 millones.
Viajes, dietas, visados
Por cuenta de la SPTCV corrían también los viajes, dietas, desplazamientos necesarios para realizar el contrato, previa aceptación de la firma, así como los visados de los organismos incluyendo tasas, impuestos o IVA posibles «actuales y futuros».
Hasta la maquetas
El arquitecto debía facilitar 7 copias del proyecto pero el Consell pagaba maquetas y planos enmarcados, que puede utilizar 6 años, prorrogables por acuerdo.
