El decano del Colegio de Procuradores de Valencia, Francisco Cerrillo, cree que ha llegado el momento de que la Generalitat Valenciana se plantee "devolver las competencias de Justicia al Estado o asumirlas con responsabilidad". Cerrillo considera que el colapso de los envíos judiciales -que ayer quedó resuelto- es "un problema más" que demuestra la falta de previsión del Consell. El representante de los procuradores está convencido que "desde hace dos años el Gobierno autonómico actúa mal porque los presupuestos no son realistas". La opinión de los procuradores es un reflejo del estado de ánimo de los profesionales de los tribunales, que han comprobado que ya no queda dinero para poner en marcha nuevos juzgados, pagar a los proveedores o incrementar el gasto del turno de oficio.
Correos reanudó ayer el servicio tras dos días sin recoger los envíos postales de los juzgados por la deuda de la Generalitat, que es de 33 millones de euros. El Consell se ha comprometido con la empresa postal a saldar la deuda en tres años.
El decano del Colegio de Abogados de Valencia, Mariano Durán, admitió ayer que es preocupante que "esto suceda. La Justicia no puede ser la hermana pobre de los presupuestos. A nadie le cabría en la cabeza que esto ocurriera en sanidad". Durán advirtió de que debe mejorar "la gestión y la inversión. Si hay presupuesto para inaugurar nuevos edificios en las Corts también tiene que haber dinero para los juzgados. Los ciudadanos necesitan que la Justicia funcione y sea ágil".
Los sindicatos ya alertaron el lunes del "inminente colapso judicial" por la suspensión de la recogida de los envíos postales. La presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, tuvo que recordar al conseller Blasco -que ha asumido las competencias de Justicia- que "es un servicio esencial que no puede estar paralizado". Correos recogió a las 12.30 horas de ayer 200 cajas de correspondencia acumulada en el sótano de la Ciudad de la Justicia de Valencia.
El decano de los procuradores incidió en que los procedimientos "no pueden avanzar si no son notificados. Antes hacían la notificación en persona con taxis, pero hace un año los redujeron a la mitad para ahorrar costes. Después, hubo una recomendación para que los juzgados hicieran las comunicaciones a través de envíos postales para reducir el presupuesto. La última es que no pagan a Correos". Francisco Cerrillo subrayó que "los presupuestos de la Conselleria de Justicia son insuficientes. Para el turno de oficio tienen presupuestado el mismo dinero que hace tres años y tardan en pagar. Correos ha aguantado más que nadie". El noventa por ciento de las comunicaciones de los juzgados se hacen ya a través de envíos postales.
"No se puede consentir"
El presidente de la Confederación Española de Consumidores y Usuarios y de su filial valenciana Avacu, Fernando Móner, señaló que "no se puede consentir que los impagos conlleven retrasos en los juicios. La Administración de Justicia es más lenta de lo aceptable. Si los usuarios ven que se retrasan sus procedimientos pueden denunciarlo ante el Consejo General del Poder Judicial para que lo investigue". La secretaria de la Unión de Consumidores de España en la C. Valenciana, Isabel Dolz, coincidió con Móner en que la situación de los juzgados "es preocupante. Hay asuntos urgentes que no pueden esperar".
Fuentes de la Generalitat explicaron que el acuerdo con Correos consiste en abonar cada año once millones de euros de la deuda, aunque el pago se ha fraccionado en mensualidades. Estas fuentes insistieron en que la deuda es de años anteriores.
La Generalitat comenzó a tener problemas con Correos en octubre tras los cortes de suministro eléctrico en algunos servicios por impago y la amenaza de interrupción de las comunicaciones telefónicas a varios departamentos por morosos.
Problema extendido
La dirección territorial de Correos remitió en otoño una circular a todas las oficinas de la provincia de Valencia ordenando la suspensión en conselleries como Presidencia, Economía o Bienestar Social. La circular recalcaba que sólo se prestarían los servicios "mediante el pago previo (al contado)".
El impago mantenía paralizadas en noviembre 4.300 notificaciones sobre minusvalías. En ese momento, el Consell tuvo que recurrir a su personal subalterno y a los coches oficiales y a los coches oficiales del parque móvil de la Generalitat Valenciana para dar salida a sus comunicaciones.
