Si el tiempo lo permite y con permiso de la autoridad competente -la jueza y la Delegación del Gobierno-, se celebrará esta tarde la manifestación contra la corrupción, bajo los lemas "No volem un lladre de president" y "No a la corrupció, Camps dimissió". La noticia, el jueves, de que el portavoz del PSPV en las Corts, Ángel Luna, será el primer político que se sentará en el banquillo como víctima colateral del caso Gürtel se convirtió en un acelerante para la llama de una convocatoria que parte del Col·lectiu Contra la Corrupció y que cuenta con el apoyo, entre otros, de la ejecutiva del PSPV, con Jorge Alarte a la cabeza.

Pero el ambiente que rodea a la protesta, ya caldeado por el asunto que la motiva, los lemas y cartelería -Camps convertido en presidiario- se fue calentando aún más tras denunciar ayer el PP a los organizadores por la supuesta comisión de un delito de "manifestación ilícita e injurias graves con publicidad contra la autoridad en el ejercicio de su cargo".

El secretario general del PP, Antonio Clemente, presentó la denuncia en el juzgado de guardia y solicitó la adopción de medidas cautelares para evitar la protesta de hoy, dado que la misma "consumará" la comisión del citado delito con la "clara intención de los convocantes de lesionar públicamente la dignidad del Molt Honrable president de la Generalitat menoscabando su fama (...), con evidente ánimo de injuriar a la autoridad, encuadrable en el tipo de los artículos 208 y 209 del Código Penal".

Entre las medidas cautelares solicitadas destacan el cierre de los blogs, perfiles de facebook o las páginas web a través de las cuales se ha llamado a asistir a la manifestación y se ha "consumado" las injurias con la "difusión pública" del lema y del fotomontaje.

La jueza Nieves Molina indicó ayer en un auto, según los organizadores, que precisamente porque los hechos denunciados se están produciendo desde febrero -cuando se empezó a convocar la marcha- y al tratarse de un "delito permanente prolongado en el tiempo", procedía remitir la denuncia al decanato para su reparto y no hacer "pronunciamiento alguno respecto a las medidas cautelares por no entender urgente la adopción de las mismas". El PP solicitó la "prohibición" de la manifestación prevista y que se comunique a la Delegación del Gobierno para que la impida.

Desde el Col·lectiu Contra la Corrupció, Reyes Matamales defendió que no se trata de una "manifestación ilícita" porque está "legalmente convocada" dentro del marco del "derecho de manifestación" y constituye una demostración democrática y expresión del derecho fundamental de la libertad de expresión". "La persona del presidente de la Generalitat por su propia condición (...) debe estar siempre sometido al control parlamentario y cívico", agrego, para achacar al PP ser víctima del "nerviosismo".

La portavoz adjunta del comité electoral del PSPV, Carmen Ninet, acusó a Camps de "perseguir a los ciudadanos que desean ejercer el derecho a expresarse libremente contra la corrupción". Ninet considera que la actitud de Camps "es un grave intento de perturbar la normalidad democrática" y exigió a Mariano Rajoy "que diga si avala la decisión de Camps de intentar impedir el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación".

Antes de conocerse la denuncia de los populares, el líder del PSPV, Jorge Alarte, acompañado por el candidato a alcalde de Valencia, Joan Calabuig, reiteró que hoy acudirán a la manifestación, "al lado de quienes defienden la necesidad de pasar página de la corrupción".