El Consell recorta un 30% la inversión y las subvenciones para frenar el gasto

JULIA RUIZ VALENCIA
Las dificultades del Consell para pagar hasta los sellos de las notificaciones judiciales esconden un problema en las cuentas públicas cuya gravedad va a hacer saltar por los aires las previsiones de inversión y subvenciones en un año en el que la crisis sigue golpeando al tejido económico valenciano. A tan solo dos meses de arrancar el ejercicio, el Ejecutivo valenciano se ha visto obligado a aplicar un severo ajuste a los presupuestos que supondrá un recorte del 30% de los capítulos IV, VI y VII (transferencias corrientes e inversiones directas e indirectas), al tiempo que ha ordenado a las conselleries que le "transfieran" al departamento de Economía el 10% de estos capítulos. Esta "hucha" servirá para afrontar pagos ineludibles.
Al menos así se desprende del acuerdo adoptado por el Consell el pasado 11 de marzo -cuyo contenido no se hizo público a los medios de comunicación- y al que ha tenido acceso Levante-EMV. La propuesta, que lleva la firma del titular de Economía, Gerardo Camps, evidencia la necesidad del Ejecutivo de Camps de poner coto al gasto para "asegurar la cobertura de actuaciones ineludibles en las áreas de prestación de servicios públicos esenciales, tales como Sanidad, Educación o Servicios Sociales".
La filosofía del "tijeretazo" a las cuentas es similar al aplicado en años anteriores y evidencia cómo los planes de austeridad pactados con Madrid no han sido suficientes para contener el déficit. De hecho, el acuerdo hace referencia a las obligaciones derivadas del Programa de Estabilidad y a la liquidación presupuestaria conocida hace unos días y en la que se evidenció que el Consell había sido incapaz de frenar el gasto corriente.
La orden de Hacienda supone de facto una limitación a las distintas conselleries para que ejecuten sus inversiones. Según reza el acuerdo se "limita el reconocimiento de obligaciones durante el presente ejercicio, de forma que no supere, dentro de cada sección presupuestaria el porcentaje del 70% en los capítulos IV, VI y VII del vigente presupuesto de gastos, aplicado sobre los datos contables relativos al presupuesto definitivo del cierre del mes de febrero". "En consecuencia -añade la propuesta-las conselleries deberán reajustar sus prioridades de gasto". El ajuste, que en la práctica impide a los distintos departamentos disponer del dinero que teóricamente tenían para ejecutar obras o transferir fondos a entidades o asociaciones, es, en realidad, mucho más duro que en años anteriores. Hacienda no sólo pone límites sino que declara "la no disponibilidad del 10% de los créditos de los capítulos de gasto mencionados en el párrafo anterior [capítulos IV, VI y VII), debiendo estar a disposición de la conselleria antes del próximo 30 de abril".
Aunque la orden no especifica el destino de los fondos que quedan a disposición de Hacienda, parece obvio que podrían servir de reserva al Consell en caso de pagos ineludibles.
El Consell salva del recorte los créditos vinculados a fondos finalistas, así como aquellos con los que se dan cobertura a la prestación de los servicios básicos. Cita entre otros, los de educación concertada y universitaria; gastos de funcionamiento de hospitales y prestaciones farmacéuticas. También salva del ajuste programas sociales como los de familia y adopciones, mujer, drogodependencias o integración a la inmigración.