Esquerra Unida denunció ayer ante la Fiscalía Anticorrupción los pagos millonarios del Consell al arquitecto Santiago Calatrava por proyectos que no se han ejecutado, al entender que hay "serios indicios de delitos de prevaricación, malversación de fondos públicos, de fraude a la Administración y defraudación a la Hacienda Pública". El escrito, firmado por la coordinadora de EU y diputada autonómica, Marga Sanz, junto con los parlamentarios Marina Albiol y Lluís Torró, alude al abono de 6 millones por el diseño de los megaproyectos aparcados, el Centro de Convenciones de Castelló, las Torres de la Ciutat de les Arts y la ampliación de la dársena de Torrevieja.

EU se decidió a acudir a los tribunales tras acceder al expediente del complejo castellonense, en el que la Sociedad Proyectos Temáticos (SPTCV), dependiente de la Conselleria de Economía, acabó abonando hasta 2,7 millones a Calatrava por el Masterplan, el anteproyecto y el proyecto básico pese a considerar que el arquitecto había incumplido el contrato y no aceptar el trabajo presentado. El pago es una de las "irregularidades" detectadas por EU en las decenas de documentos examinados, muchos de los cuales acompañan la denuncia. Un acceso a los papeles que no ha tenido en el caso de las Torres y la dársena de Torrevieja, y que no cree que el Consell le facilite ahora en las Corts. En cambio, si la Fiscalía decide investigar los contratos con el arquitecto, el Ejecutivo deberá a entregarle los expedientes.

Aunque la denuncia se registró en Anticorrupción, EU cree que el caso salpica a aforados, de ahí que el escrito se presentara en la sede del TSJCV. La denuncia señala al conseller de Economía y presidente de la SPTCV, Gerardo Camps, pero como apuntó ayer Sanz también aparecen citados otros cargos como el presidente Francisco Camps; la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y el de Torrevieja, Pedro Hernández Mateo. "En los tres contratos hay un denominador común: Contrato sin publicidad, pagos desorbitados por los proyectos, vinculados a sobrecostes, una cláusula que no está permitida en los contratos públicos y obras no realizadas", aseveró Sanz.

Frente a la Junta de Contratación

En el caso de las Torres, la denuncia recalca que once meses antes del contrato, el presidente, junto con Barberá, anunció la adjudicación a Calatrava, con lo que la justificación del procedimiento negociado sin publicidad "se agota en la mera voluntad política". Lo mismo sucede en la dársena de Torrevieja y en Castelló. Además, se enfatiza la "práctica imposibilidad" de acometer las obras, como en el Centro de Convenciones, donde los terrenos están bloqueados por el TSJ. En ningún caso se avaló la ausencia de la concurrencia de otros licitadores. EU refleja el criterio de la Junta Estatal de Contratación, que señala que no se puede alegar la excepcionalidad de las razones artísticas y técnicas simplemente para contratar a dedo a un arquitecto, sino sólo si aquellas impiden recurrir a otros profesiones en un concurso de proyectos. También se censura el impago de impuestos en España.

Barberá manifestó ayer que la denuncia "forma parte de la campaña de acoso al PP" y responde a la "desesperación" electoral.