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La Conselleria de Justicia -que ahora es responsabilidad de Rafael Blasco- ha planteado al Gobierno sustituir los quince juzgados de nueva creación que tienen que ponerse en marcha el próximo mes de junio por jueces de adscripción territorial que irían moviéndose de un tribunal a otro en función de las distintas cargas de trabajo que soportan, según informó ayer la Generalitat en un comunicado.
Los sueldos de estos jueces corresponden al Ministerio del Justicia, mientras que los de los del funcionariado son de competencia autonómica. La previsión es que para los 15 juzgados tendrían que crearse hasta 150 plazas de funcionarios.
Los quince juzgados tenían que haber entrado en funcionamiento a finales del pasado diciembre para toda la Comunitat Valenciana, pero la Conselleria de Justicia pidió una moratoria alegando que no disponía de fondos para crear las plazas de funcionarios necesarios para ponerlos en marcha.
Desde el Consell se han reclamado al Ministerio de Justicia diez jueces de adscripción territorial que junto a los cinco ya otorgados a la Comunitat Valenciana "sustituirían a la quincena de juzgados inicialmente pedidos".
El Consell entiende que ese número de jueces sería suficiente para atender las necesidades de aquellos partidos judiciales que más refuerzo requieren. Desde la Conselleria de Justicia se comprometen a poner los medios materiales y personales que se precisen. La nota de prensa incide en que también se reforzarían con la medida el Tribunal Superior de Justicia de Valencia y las Audiencias Provinciales, "lo que evitaría la innecesaria creación de nuevos juzgados con una estructura ya obsoleta y totalmente inadecuada".
Austeridad presupuestaria
La Generalitat Valenciana enmarca esta decisión en el actual contexto de austeridad presupuestaria y considera "desproporcionado" el coste de la puesta en funcionamiento de estos juzgados, ya que requiere "no solo importantes inversiones en infraestructuras sino también la creación de 150 plazas de funcionarios".
Para el Consell, este gasto "carece de sentido" cuando se encuentra próxima la reforma legal que permitirá la puesta en funcionamiento de los tribunales colegiados de Instancia, que darán paso a una nueva organización que optimizará los recursos materiales y humanos.
La carta remitida al Ministerio de Justicia descarta incrementar el número de juzgados y apuesta por adaptar los actuales a la estructura que supone la llamada nueva oficina judicial, cuya reforma se aprobó hace un año y que está paralizada en la Comunitat Valenciana por la falta de inversión.
En la ciudad de Alicante, su aplicación es inviable hasta que no se construya la sede de la Ciudad de la Justicia, ya que los edificios que albergan los juzgados no reúnen los requisitos necesarios para llevarlos a la práctica. Estas carencias son fundamentalmente grandes salas para albergar los macro servicios comunes de las distintas jurisdicciones. En Valencia, Castelló y Elx no habría -en principio problemas.
El comunicado del Consell recoge declaraciones de altos responsables del Ministerio de Justicia, entre ellos el ministro Francisco Caamaño, planteando que la mera creación de más juzgados no soluciona el problema la lentitud en esta administración.
