El informe de la Brigada de Blanqueo de Capitales de la policía judicial concluye que el líder provincial del PP, José Joaquín Ripoll, gastó en compras particulares 292.658 euros entre enero de 2008 y junio de 2010. Ese incremento patrimonial no está justificado y su origen, según la policía "es desconocido". Pero no para ahí. Según apuntan informes anteriores, el popular se pudo haber beneficiado de un millón de euros que provenía de otro empresario, Rafael Gregory, como supuesta compensación a los servicios que el presidente alicantino prestó a los empresarios Ángel Fenoll y Enrique Ortiz por la adjudicación de la planta de residuos en el sur de Alicante.
Los agentes han realizado este informe en base a las investigaciones llevadas a cabo en los diferentes establecimientos en los que habitualmente compra la familia Ripoll, y que han accedido a colaborar con la investigación.
La fecha que acota la investigación no es casual. Responde al inicio de la adjudicación de la contrata de la basura en la Vega Baja y hasta el momento en el que se procede al registro de la vivienda de Ripoll, en junio del pasado año.
El negocio de la basura
Las conclusiones son demoledoras. El informe de la brigada de investigación indica que podría considerarse que el origen de esta cantidad de dinero que el presidente ingresó en sus diversas cuentas bancarias y gastó en diversos comercios "puede tener una relación directa con la adjudicación del Plan Zonal a las mercantiles Cespa-Ortiz, y con la ubicación de la planta de gestión de residuos que tiene como beneficiarios a Enrique Ortiz y a Ángel Fenoll".
Además, en el extenso documento que la brigada remite al juzgado encargado de la instrucción, se enumeran los hechos que se imputan al presidente del PP de Alicante como presidente del consorcio para la gestión de residuos de la Vega Baja y que entre otros sostienen que facilitó información privilegiada y asesoramiento a Fenoll, el empresario que obtuvo la adjudicación.
La investigación ha comprobado que los pagos en efectivo en diversas tiendas de Alicante y Madrid suman hasta 108.000 euros que no habrían sido obtenidos mediante operaciones bancarias. Y concluye que este incremento injustificado de casi 300.000 euros en dos años y medio podría derivarse de la compensación de un millón de euros presuntamente recibida por el líder popular alicantino -a través de uno de sus supuestos testaferros, Rafael Gregori- del constructor Enrique Ortiz y del empresario Ángel Fenoll por la adjudicación de la gestión del plan zonal.
Además, se argumenta que "como contraprestación pidió apoyo para las elecciones municipales del año 2007" a este empresario.
La policía acusa de "acordar de manera velada" la adjudicación, así como de "favorecer los intereses de Fenoll y del empresario Rafael Gregory al retrasar injustificadamente la puesta en marcha del plan zonal".
El informe considera "comprobado" que el análisis económico patrimonial efectuado sobre las diez cuentas que tiene Ripoll en seis entidades bancarias distintas no parece que pueda relacionarse "con beneficios obtenidos de negocios jurídicos declarados" sino que, por el contrario, se insiste en que el origen de los fondos es "injustificado y desconocido". Y alegan que la investigación "queda enmarcada en el contexto temporal donde la intervención de Ripoll para el plan zonal de residuos era crucial".
Cae imputado en la trama Brugal por una denuncia de Fenoll puesta en 2006
La investigación de esta trama se inició en 2006 cuando el empresario Ángel Fenoll denunció un supuesto soborno por la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela. El industrial entregó las pruebas (una grabación en DVD) a la Fiscalía Anticorrupción de Alicante. De esta denuncia, el propio empresario fue detenido en 2007 y acusado de cohecho y extorsión y la policía se incautó de decenas de grabaciones donde se observaban supuestos sobornos realizados en su casa. Fenoll quedó en libertad bajo fianza. Con el material incautado, el juez abrió una nueva investigación para determinar si el empresario había colaborado en la financiación de las campañas electorales de algún partido político. El juez se interesó también por la adjudicación de una planta de basuras en la comarca de La Vega Baja. El concurso para construir esta planta de tratamiento de residuos dependía de la Diputación de Alicante, y se paralizó tras la detención de Fenoll. Ripoll, retomó en 2009 el proyecto de las basuras y adjudicó la obra a Enrique Ortiz. Las imputaciones a Ripoll son tráfico de influencias, negociaciones prohibidas a funcionarios, cohecho, fraude, revelación de secretos y tráfico de influencias.
