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Los alegatos finales de la Fiscalía y del abogado de la defensa, Virgilio Latorre, pidiendo la absolución dejaron satisfecho al síndic socialista Ángel Luna, pero no quiso desaprovechar la ocasión que le brindó, como es preceptivo, la presidenta del TSJ, Pilar de la Oliva, para hacer un llamamiento político en pro de esa absolución, consciente como era de que la vista estaba siendo seguida por todos los medios. «Hasta ahora se ha hablado en todos los medios 20 veces más de este procedimiento [primero la presunta revelación de secretos y después el presunto encubrimiento] que del fondo del asunto. Esa es la primera victoria del PP», lamentó el portavoz parlamentario del PSPV. «Mi condena sería una segunda victoria para el Partido Popular», fueron las últimas palabras que dejó flotando en el aire antes del «visto para sentencia». El dirigente del PSPV considera que si no sale absuelto de la causa, saldrán ganando quienes gobiernan siguiendo el guión del «binomio opacidad-impunidad». Ahí se refirió a la acusación, el PP, que presentó, a través de Rafael Blasco, una querella a raíz de la exhibición en las Corts del informe bajo secreto sumarial el 24 de marzo de 2010. Sin embargo, abundaron Luna y su letrado Virgilio Latorre, los populares no hicieron nada cuando el diario «El País» y, después, Levante-EMV e «Información de Alicante, publicaron información contenida en el documento bajo secreto. «Represento lo que represento y, de esa manera, actúo con el objetivo de romper esa opacidad e impunidad. ¿Qué pensarían mis electores si no lo hiciera?», se preguntó en voz alta.

L0s 957.300 euros que Pablo Crespo, número dos de Correa, recogió en Sevilla de la firma Apogee Telecomunicaciones son parte del fondo que Luna lamenta que haya quedado relegado por esta causa. Esa empresa fue subcontratista de Teconsa, firma usada como pantalla por la trama corrupta para poder quedarse con el contrato de retransmisiones que adjudicó la RTVV de Pedro García, que tenía una comisión de 500.000 euros a su nombre, según documentos del sumario. El portavoz socialista estuvo arropado por diputados (Carmen Ninet, Cristina Moreno, Isabel Escudero, Antonio Torres, Francesc Signes, Clara Tirado, Consuelo Catalá, Antoni Such, Ana Noguera, Josefa Frau, Manuel Mata, Dolores Huesca o Víctor Jiménez, entre otros), trabajadores del grupo y de la sede de Blanquerías, o concejales de Valencia, como Juan Soto, Carmina del Río o Mercedes Caballero.

El primero que llegó, Puig

También acudieron integrantes de las candidaturas a las Corts, que se estrenarán como parlamentarios, como Eva Martínez, concejala de Alaquàs, o el ex rector de la UJI Francisco Toledo, entre otros. La mayoría de los puestos en la sala de vistas fueron ocupados por los compañeros de Luna, que acudieron a arroparle. A las 9,55, con más de media hora de antelación, llegó el alcalde de Morella, Ximo Puig. Fue el primero. Quien no estuvo fue el ex líder del PSPV, Ignasi Pla, como tampoco otros diputados que han sido defenestrados en las listas.

Diputados al margen, no acudieron cargos orgánicos como los secretarios provinciales Francesc Colomer, Ana Barceló o Carmen Martínez, ni la plana mayor de la ejecutiva. No estaban convocados. Pero la presencia de otros que no habían sido citados, subrayó las ausencias. Al contrario de lo que sucedió el 20 y 21 de mayo de 2009, cuando testificaron en el TSJ el presidente Francisco Camps, Ricardo Costa, Víctor Campos y Rafael Betoret, el PSPV no quiso concentrar a su gente en las puertas del TSJ para evitar la sensación, según Alarte, de que estaban presionando a la justicia.

Blasco acusa a Alarte de llevar a un «procesado de cabeza de lista»

El portavoz parlamentario del PP, Rafael Blasco, arremetió contra el PSPV por llevar a «un procesado de cabeza de lista por Alicante». «Luna se ha reído del parlamento valenciano y de la soberanía popular y pasará a la historia como el único síndico español imputado y procesado, reprobado dos veces y expulsado de un pleno, un triste récord», aseveró.

El abogado del PP, Jorge Carbó, expresó, a la salida del juicio, su deseo de que la justicia «funcione« y se condene a Ángel Luna por haber sido «encubridor». Carbó, que esperó a que Luna y Alarte acabaran de hacer declaraciones, puso en duda que el parlamentario socialista, «en su condición de letrado» no fuera consciente de «las consecuencias de su actuación al desentenderse y al despreocuparse de este informe secreto, y al perderlo». Lo expresó, además, durante su exposición de las conclusiones. La petición de pena de inhabilitación mereció el ataque del fiscal y de la defensa, que consideraron que «técnicamente» no se sostenía de ningún modo. F. A. valencia