El Defensor del Pueblo alerta en su último informe anual de graves carencias en los juzgados de la Comunitat Valenciana por la falta de apoyo del Consell. El documento recoge problemas en la ejecución de sentencias, las complicaciones que tienen los extranjeros para recurrir las expulsiones por el colapso en la jurisdicción de lo Contencioso, el bloqueo de la inscripción de nacionalidades en Elx y Mislata por la carencia de funcionarios en el Registro Civil y el impago a los secretarios de los juzgados de Paz de poblaciones de menos de siete mil habitantes. La advertencia de la institución coincide con las dificultades que está teniendo la Conselleria de Justicia —que actualmente gestiona Rafael Blasco— para pagar a los proveedores de material y la renuncia a poner en marcha 15 juzgados en junio.
La institución incluso abrió una investigación a instancias de la jueza y la secretaria del juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, que en verano acumuló 33 órdenes de protección a maltratadas sin ejecutar tras haber perdido a seis de los siete funcionarios que tramitaban las condenas de violencia machista. El juzgado llegó a tener paralizadas 2.450 condenas. El informe apunta que la magistrada y la secretaria presentaron un escrito exponiendo que en la ciudad de Valencia hay cuatro juzgados encargados de ejecutar las sentencias. Tres tienen sendas plantillas de 27 personas y el juzgado de lo Penal número 14 trabaja con 9 funcionarios y 15 interinos que no siempre están disponibles. La Conselleria de Justicia acaba de comunicar a las responsables del juzgado que en los próximos meses van a perder a parte de los funcionarios interinos.
Elx y Mislata
El documento incide en los problemas que están teniendo algunos juzgados para inscribir las nacionalidades. El informe se centra en los juzgados del Registro Civil de Elx y Mislata, que tienen una lista de espera de un año para el trámite del juramento o promesa que se requiere para la obtención de la nacionalidad. El problema, según denunciaron ayer fuentes judiciales, vuelve a ser la falta de funcionarios. La institución lamenta que «la situación expuesta vulnera el reglamento del Registro Civil que establece la obligación de comparecer para prestar juramento en los 180 días siguientes a la notificación de la concesión. El hecho resulta perjudicial para los interesados porque no pueden ejercer los derechos que les corresponden como ciudadanos españoles».
El Registro Civil de Mislata tramita los expedientes de nacionalidad de los inmigrantes que viven en Xirivella y Mislata. El juzgado actualmente tiene pendientes 150 expedientes de personas que ya han conseguido la nacionalidad, pero que no pueden disfrutar de su derecho. La tramitación ha estado «prácticamente paralizada» por el volumen de entrada y el retraso «llegó a ser de dos años, aunque ahora está en un año». Fuentes judiciales admitieron que «no es normal» lo que está ocurriendo y lamentaron que los funcionarios no aguantan la presión del trabajo y piden el traslado, agravando todavía más la situación.
Contencioso Administrativo
El Defensor del Pueblo apunta que los juzgados de lo Contencioso Administrativo se encuentran en un estado «preocupante». El informe recoge la queja de una ciudadana por el retraso en la celebración del juicio que planteó en el juzgado de lo Contencioso Administrativo número 10 de Valencia y que había sido fijado en el año 2010 para el 4 de octubre de 2012.
La Fiscalía explicó al Defensor del Pueblo que el juzgado con problemas fue «creado en septiembre de 2008, asignándole en el momento de su entrada en funcionamiento 425 asuntos de extranjería». El Ministerio Público advirtió de que el juez tramitó en 2009 el doble de demandas de lo normal y no contó con ningún refuerzo. La fiscal que informó al Defensor del Pueblo aseguró que «resultaba imposible adelantar la fecha del juicio».
El informe anual revela que uno de los casos con mayor demora es el que inició una persona en 1990 en el juzgado de Primera Instancia número 1 de Orihuela y que en el año 2009 todavía estaba esperando que practicaran algunas diligencias. La institución pidió explicaciones a la Fiscalía General del Estado, que inició una investigación. El fiscal descubrió que el expediente sin concluir había sido trasladado el 5 de octubre de 2005 al Archivo Judicial Provincial de Alicante. El archivo carecía de «medios materiales y humanos suficientes para clasificar, ordenar y remitir los documentos, que permanecían embalados en palés» por lo que procedimientos estaban paralizados.
El Defensor del Pueblo «solicitó a la Dirección General de Justicia que informase de las razones por las que teniendo conocimiento de la situación descrita no había adoptado las medidas necesarias para mantener un funcionamiento normal en este caso, cuyas consecuencias negativas inciden de manera directa sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos».
El personal del archivo localizó el expediente extraviado tras rastrear toneladas de papel sin ordenar. La institución mantiene abierta la queja abierta para determinar el desarrollo del procedimiento tras dos décadas de tramitación.
El Defensor del Pueblo también ha reclamado la creación de juzgados en el partido judicial de Dénia por el «elevado nivel de entrada de asuntos». El documento incide en que la sobrecarga «provoca disfunciones que revierten irreversiblemente en la tutela judicial efectiva». Sin embargo, el Consell no va a habilitar más juzgados.
Cinco años con un tercio de la plantilla
El juzgado de lo Penal número 14 de Valencia, que se encarga de las ejecutorias y cuya situación analiza el Defensor del Pueblo en el informe, lleva 5 años con nueve funcionarios titulares, lo que supone un tercio de la plantilla normal. Justicia cubre otras quince plazas con interinos. El juzgado tiene carteles colgados —como el de la imagen superior— que recuerdan que están desde 2005 esperando a que la situación se normalice sin éxito. El problema es que la falta de una plantilla estable retrasa la ejecución de sentencias. En estos momento el juzgado tiene 200 sentencias pendientes de tramitar.
