El Defensor del Pueblo afirma que Madrid y la Comunitat Valenciana son las que más quejas acumulan por la aplicación de la Ley de Dependencia, referidas, sobre todo, a las demoras en recibir las prestaciones o servicios correspondientes. En la Memoria 2010, la institución dirigida por María Luis Cava de Llano vuelve a poner de relieve las reclamaciones de los ciudadanos sobre el desarrollo de esta norma que fue aprobada en 2007. "Las quejas se focalizan, también este año, en las demoras y, consecuentemente, en la fecha de efectos que se concede al reconocimiento de las prestaciones, cuestión sobre la que se observan diferencias considerables", señala el informe.

Por otro lado, al igual que el informe del año anterior, el Defensor del Pueblo indica que "no puede compartir" el criterio de algunas administraciones que al tener conocimiento del fallecimiento de la persona en situación de dependencia, antes de la firma e incluso de la efectividad del Programa Individual de Atención (PIA), proceden al archivo del expediente sin siquiera notificarlo al interesado, por considerar que "se ha producido la desaparición sobrevenida del objeto del procedimiento". "Preocupa" también a esta institución la interpretación de algunas administraciones sobre la necesidad de que la valoración de la dependencia se realice cuando la persona se encuentra en una situación estabilizada, negando la posibilidad de proceder a una valoración cuando el beneficiario está hospitalizado.