La bronca política de los populares valencianos ha dejado al descubierto la medida de la vara de aplicar sanciones que tiene Génova. La dirección nacional del PP suspendió en noviembre de 2009 como secretario general a Ricardo Costa alegando la "obligación que tienen todos los militantes de abstenerse y de hacer manifestaciones o declaraciones que puedan perjudicar la imagen o disciplina interna del partido". Esta decisión, adoptada por el Comité Nacional de Derechos y Garantías, se producía tras una reunión decretada con urgencia al haber manifestado Costa públicamente que "como secretario general, la dirección nacional aún no le había notificado ningún tipo de citación sobre su relación con el caso Gürtel y, de no hacerlo, deberían ratificar su gestión" -Génova había ordenado su destitución del cargo orgánico-. Esta declaración le costó al castellonense su cese fulminante como secretario general del PPCV y la suspensión cautelar de militancia durante diez meses. Se había anunciado un año inicialmente, aunque el 3 de septiembre de 2010 le levantaron el castigo.
Con el presidente alicantino, la dirección nacional se comporta de distinto modo. Para empezar, sostienen que "es competencia de la dirección regional decidir si hay falta disciplinaria o no y si la encuentran, comunicarla al Comité Nacional de Derechos y garantías". Y no han parado ahí. También han alegado que se trata "de casos bien distintos, no tiene nada que ver uno con otro, Costa cuestionó al partido y perjudicó su imagen". Nada, en cambio, sobre la manifestación de Ripoll de que la dirección regional "incumple sus compromisos" y de haber organizado una reunión en Alicante para que un centenar de alcaldes se quejen de Camps.
