El fiscal, las acusaciones y los abogados defensores reclamaron que el Estado sea declarado responsable civil subsidiario para que los funcionarios y los presos que fueron retenidos y golpeados durante el motín sean indemnizados. La fiscalía pide 33.800 euros para los funcionarios y 2.090 euros para dos internos. El fiscal entregó al tribunal una copia de la sentencia del Supremo dictada hace tres semanas que declaraba la responsabilidad del Estado por la falta de medidas de seguridad que propiciaron que dos internos de Picassent retuvieran durante media hora a un funcionario y golpearan a otro durante otro incidente en 2008.
El abogado del Estado solicitó que la Administración sea eximida de pagar las indemnizaciones a los funcionarios y al resto de víctimas del motín. El letrado indicó que la Abogacía del Estado ha reclamado la nulidad de la sentencia. El abogado responsabilizó a los funcionarios de los fallos en la seguridad.
Los imputados justificaron el motín durante su última palabra. Los reos acusaron a los funcionarios de infringirles "tratos vejatorio y torturas psicológicas". Dos procesados aseguraron que cogieron los cuchillos y los móviles de las mochilas de los funcionarios.
