El plan para luchar contra el empleo sumergido anunciado por el Gobierno esta semana llega justo en el momento en el que este fraude alcanza su cota máxima en la Comunitat Valenciana. La Dirección General de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social acaba de publicar los resultados de las actuaciones realizadas durante el pasado año. Y en ellos se constata que en la Comunitat, el aumento de trabajadores sin contrato provocó un impago a la Seguridad Social de 115,7 millones de euros. Un año antes, la economía sumergida supuso un fraude de 103 millones. Por provincias, Valencia es la que protagoniza un mayor "agujero", con casi 62 millones en cuotas no ingresadas a las arcas estatales. Le sigue Alicante con 39,4 millones y Castelló con 14,3 millones.
El importe que el Estado ha dejado de recaudar por la contratación clandestina alcanza así un aumento del 12,6% con respecto al año anterior y supone la cifra más alta desde que comenzó la crisis (en 2007 los impagos rozaron los 90 millones).
La cifra de esta trampa a la Seguridad Social se sitúa en el cuarto puesto de este ranking "negro" de las empresas españolas. Tan solo Andalucía (181,5 millones), Cataluña (173,5) y Madrid (156,3), superan a la Comunitat Valenciana. En total, el Estado ha dejado de percibir más de mil millones de euros por cuotas evadidas causadas por la economía sumergida.
Más controles
No obstante, este aumento del empleo sumergido detectado en la Comunitat responde también a un mayor esfuerzo de los inspectores. A pesar de que los sindicatos han pedido que se intensifiquen las actuaciones para acabar con este problema, lo cierto es que la labor de control a las empresas valencianas aumentó en un 13%. En total se realizaron 63.603 actuaciones frente a las 56.171 de 2009.
Como resultado de este trabajo de supervisión a las empresas se ha logrado detectar hasta 7.283 infracciones al cierre del año. En total, Trabajo ha identificado a 13.520 afectados por algún tipo de irregularidad en sus contratos.
Pero si hay un dato que ha aumentado considerablemente, ése es el número de trabajadores que la inspección ha obligado a dar de alta en la Seguridad Social. En doce meses casi 10.000 personas que trabajaban sin contrato han sido dadas de alta gracias a estos controles. La cifra supone un aumento del 43%, ya que durante 2009 las actuaciones hicieron aflorar menos de 7.000 empleos sumergidos. En 2007, año en el que comenzó la crisis, las altas a la Seguidad Social promovidas por la Inspección de Trabajo benefició a apenas 4.300 personas.
A pesar de que es Valencia la provincia que más dinero ha dejado de ingresar en las arcas del Estado durante el pasado año, Alicante se sitúa a la cabeza en el número de nuevas altas que ha tenido que realizar (5.682). Los controles obligaron a contratar a 3.258 trabajadores en Valencia y a otras 994 en la provincia de Castelló.
Pero, además, las empresas que han cometido algún tipo de infracción en las contrataciones han recibido sanciones que superan los once millones de euros frente a los nueve del año anterior. Se trata de la cifra más alta desde que comenzó una crisis económica que hace aflorar el empleo sumergido.
