La situación de las finanzas de la Generalitat obligará al Consell después del 22-M a aplicar el bisturí en las cuentas públicas, especialmente en los capítulos con mayores gastos comprometidos. Y en el punto de mira está ya el capítulo I, a través del cual se pagan las nóminas del personal de la Administración.

De hecho, el Ejecutivo que preside Francisco Camps ultima un plan para amortizar plazas vacantes de funcionarios, es decir, puestos que se presupuestan todos los años, aunque carecen de titular, si bien en algunos casos están ocupados por interinos. En la actualidad, según fuentes sindicales consultadas por este diario, en el área de Función Pública -sin tener en cuenta Educación y Sanidad- existen alrededor de 3.000 puestos vacantes, de los que 1.000 no están ocupados por ninguna persona y el resto, lo están de manera provisional por interinos.

En una primera etapa y siempre después de las elecciones autonómicas, el Consell podría suprimir hasta unas mil plazas sin que ello supusiera, en principio, echar a la calle a un numero significativo de interinos. No obstante, en los planes futuros de los responsables de las conselleries de Economía y Administraciones Públicas, figura un ajuste más drástico que buscaría reducir hasta un 30% el capítulo de personal.

Este plan a largo plazo incluiría extender la amortización de plazas al sector docente y sanitario, con el punto de mira en las categorías más bajas de empleados públicos. Algunas fuentes hablan incluso de una supresión a largo plazo de 8.000 puestos, precisamente el número de plazas que según el último informe de la Sindicatura de Comptes, permanecen vacantes, aunque con dotación presupuestaria.

Con todo, en un primer momento la reducción se centraría en los puestos vacantes del sector de la Administración del Consell y no llegarían al millar. La Conselleria de Economía y Hacienda ya tiene en su poder todos los datos relativos a la plantilla de la Generalitat y está efectuando conselleria por conselleria una revisión exhaustiva de todas las plazas susceptibles de supresión. Aunque el estudio se está realizando de forma discreta -no se ha informado oficialmente a los sindicatos- desde el Consell no se oculta que en tiempos de crisis es necesario aplicar recortes en todas las áreas.

De hecho, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, anunció en el debate de política general celebrado en septiembre del año pasado la realización de un estudio sobre las "necesidades reales de la plantilla". Y enmarcó su anuncio dentro de las medidas de un nuevo plan de austeridad en las cuentas públicas. No quiso ir más allá, consciente del revuelo que este tipo de ajuste podría ocasionar entre los sindicatos.

Es más, el jefe del Consell mantiene en todas sus intervenciones que la Generalitat es una de las administraciones más eficientes ya que es la tercera con menos número de funcionarios por habitante. También ha presumido en varias ocasiones que durante su mandato sólo han aumentado los empleados dedicados al sector docente, sanitario y de Justicia.

Ahora bien, la cruda realidad de las finanzas obligará al partido que forme gobierno tras las elecciones a ahondar en los ajustes. Los populares valencianos, que tienen todas las papeletas para revalidar su mayoría absoluta, no esconden en su programa electoral que el capítulo de personal está entre sus objetivos.

De hecho, en sus propuestas de austeridad han contemplado el anuncio de Camps del inicio de curso político. "Elaboraremos un estudio específico de puestos vacantes y de la plantilla de empleados públicos que necesita nuestra Administración", aseguran los populares en el apartado del programa titulado "Austeridad y mejor gestión en las Administraciones Públicas". Y añaden: "Limitaremos al mínimo indispensable, previo análisis de puestos y efectivos, la convocatoria de nuevas plazas en las ofertas de empleo público para redimensionar las Administraciones Públicas y adecuar las plantillas a las demandas de los ciudadanos".

La limitación en lo referente a las ofertas de empleo público ya está en realidad en marcha. Prueba de ello es la exigua convocatoria de plazas docentes para 2011 autorizada por la Conselleria de Educación: 110 plazas frente a las 1.250 convocadas el año pasado. También, recuerdan desde la Federación de Servicios Públicos de la UGT, ha habido amortización de puestos en los últimos años: 800 puestos de trabajo, en su mayoría subalternos, vigilantes y personal de limpieza de institutos.

Aunque, en principio la eliminación de puestos vacantes puede parecer inocua, los sindicatos alertan de que la plantilla está ya demasiado ajustada. Aseguran que falta personal en algunas áreas y ello va en detrimento de la prestación del servicio. Además, apuntan que el dinero presupuestado para las plazas vacantes sirve de colchón al Consell para contrataciones temporales.

Pese al previsible enfado de los sindicatos, el Consell no encontraría grandes obstáculos legales para su plan de amortización de plazas vacantes, incluso aunque estén ocupadas por interinos. Basta con que informe a los representantes de los trabajadores de la necesidad de eliminar la plaza y, llegado el caso, el nombramiento del interino. La amortización de plazas no precisa de negociación.