Los pagos de la Generalitat al arquitecto Santiago Calatrava por obras no ejecutadas también serán investigados por la Justicia en Valencia, al igual que sucede en Baleares, donde el profesional valenciano está imputado en el caso Palma Arena.
La Fiscalía Provincial de Valencia ha decidido abrir diligencias de investigación penal por la contratación y edificación de la parcela M3 de la Ciudad de las Artes y las Ciencias para la construcción de las Torres de Calatrava, tras la denuncia presentada por Esquerra Unida el pasado 25 de marzo en la que señala la existencia de posibles delitos de prevaricación, malversación y defraudación tributaria en los encargos no ejecutados al arquitecto por los que cobró casi 6 millones, de los que 2,5 corresponden a las Torres de Calatrava.
En un escrito con fecha del pasado 20 de abril, la fiscal jefe, Teresa Gisbert, comunica a EU que, en relación con la denuncia presentada, "en la que se ponen de relieve hechos que pudieran ser constitutivos de delito", ha resuelto abrir "diligencias de investigación penal" y designar fiscal instructor "para que conozca de las mismas". Para la coordinadora de EU y candidata a la Presidencia de la Generalitat, Marga Sanz, quien anunció ayer esta decisión, la fiscalía "estima que los hechos que aparecen en la denuncia podrían ser constitutivos de delito y espera que se llegue hasta el final".
En su denuncia, EU cuestionó también el pago de 2,7 millones por el proyecto del Centro de Convenciones de Castelló, "paralizado por la Justicia" al suspender el PAI sobre los terrenos, y otros 600.000 euros por la reforma de la dársena del Puerto de Torrevieja.
Fiscalías de Castelló y Alicante
La coalición presentó su escrito en la sede del TSJCV, toda vez que la denuncia cita a aforados -sobre todo al conseller de Economía, Gerardo Camps-, pero se ha derivado a las fiscalías provinciales. Esto implica que las diligencias abiertas no señalan de momento al Consell y que el acusador público en Castelló y Alicante deberá pronunciarse sobre si investiga los otros casos. EU es optimista al respecto ya que sobre el edificio de Castelló presentó además documentos que prueban que el Consell efectuó el último desembolso de 1,3 millones pese a entender que el arquitecto había incumplido el contrato y rechazar el trabajo presentado. La coalición espera que la investigación abra la puerta a que la Justicia acceda a los expedientes de Castelló y Torrevieja, y allí encontrar "sorpresas" similares.
Sanz denunció en su escrito los "denominadores comunes" en los encargos de la Generalitat a Calatrava: "contratos sin publicidad, pagos millonarios por los proyectos que aumentaban si había sobrecostes y obras no realizadas". En el caso de las Torres de Calatrava, destacaba que "once meses antes de la suscripción del contrato, el propio presidente Camps anunciaba la adjudicación a Calatrava", con lo que la justificación del procedimiento negociado sin publicidad "se agotaba en la mera voluntad política". Lo mismo en los proyectos de Castelló y Torrevieja. Tras indicar que "no consta" la existencia del pliego de prescripciones técnicas, censuraba el impago de IVA en los encargos de las Torres y Castelló.
El Consell dice que los contratos se ajustan a ley y se queja del fiscal
La Conselleria de Economía contestó ayer que la Generalitat "actúa siempre conforme a la más estricta legalidad y de acuerdo con lo establecido en la legislación que le es de aplicación" en los contratos suscritos con Calatrava. Tras expresar su "respeto" por el trabajo de la Fiscalía, mostró su "sorpresa" por que la información de la apertura de diligencias "llegara antes a los medios de comunicación que a una de las partes interesadas, causando una manifiesta indefensión", ya que ni la conselleria ni la Sociedad Proyectos Temáticos ni Cacsa, responsables de los encargos, han recibido la notificación.
