El Grup de Recuperació de la Memòria Històrica ha tenido que devolver al Gobierno los 50.076 euros de subvención que en diciembre de 2009 el Ministerio de Presidencia concedió a familiares de víctimas del franquismo para financiar la exhumación de los restos de dos represaliados de la dictadura enterradas en la fosa de la antigua necrópolis civil del Cementerio General de Valencia.
El reintegro llega tras esperar infructuosamente durante casi dos años y medio el necesario permiso del Ayuntamiento de Valencia y sobrepasarse el máximo de tiempo para emplear los fondos. Así lo explicó ayer el portavoz del Grup de la Memòria, Matías Alonso, en un acto en el que se informó del resultado de otras exhumaciones.
Alonso lamentó que hasta en dos ocasiones en los últimos dos años el Arzobispado y la Iglesia hayan dado permiso para exhumar cuerpos de fosas de víctimas de la dictadura -el caso del cementerio parroquial de Albalat dels Sorells y más recientemente el de Torrent- y "sin embargo una institución pública como el Ayuntamiento de Valencia niegue esta autorización".
La petición la había formulado el antiguo guerrillero Pedro Alcorisa, de 91 años, cuyo deseo es enterrar junto a su madre los restos de su padre, Teófilo Alcorisa, torturado hasta la muerte por la Guardia Civil en el cuartel de Arrancapins en 1947. Teófilo fue arrestado en abril de ese año en su casa de Higueruelas -aldea de Santa Cruz de Moya (Cuenca) colindante con Aras de los Olmos- por tener un hijo guerrillero. Enterrado anónimamente, sus descendientes no descubrieron hasta hace tres años que estaba en la fosa del cementerio civil. Los otros restos que se querían exhumar son los de Joaquín Alcorisa, quien tras ser detenido un mes después también en Higueruelas bajo la acusación de colaborar con el maquis, corrió el mismo destino.
La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, cuando en enero de 2010 los familiares volvieron a reiterar su petición ya dejó claro su negativa a la exhumación al declarar: "Puede pedir todo el mundo lo que quiera, ya dirá el juez". El Grup per la Memoria no irá a los tribunales.
