El plan público de educación sexual llegará este curso a un 60 % menos de aulas que el año anterior (han pasado de 1.480 a 588 aulas) después de que el Consell lo dejara en suspenso entre octubre y marzo y aumentase después los trámites burocráticos para que los centros escolares puedan solicitar e impartir el plan. Las cifras las proporcionó ayer la nueva Plataforma en Defensa d'una Educació Sexual Científica, constituida por una veintena de entidades de toda España, que ayer se presentó con una doble denuncia. Primero, que el Consell ha obstaculizado la enseñanza del Programa de Intervención en Educación Sexual (PIES) para alumnos de 3º de ESO al requerir la presencia obligatoria en el taller, además del enfermero, de un orientador o psicopedagogo del centro escolar que haya recibido un curso de formación previo. Y segundo, que el programa de sexualidad alternativo elaborado por el Arzobispado de Valencia y ofrecido ya, con el beneplácito de la Conselleria de Educación, a centros privados y concertados, supone una "injerencia ideológica y sectaria frente a la ciencia" que "se salta a la torera la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo" y que "atenta contra la salud pública de los chavales".

De hecho, el sexólogo Vicent Bataller -representante de la Asociación Española de Intervención en Sexología y portavoz de este colectivo que agrupa desde la Confederación Gonzalo Anaya y sus 900 AMPAS, hasta grupos de sexología y comités antisida, pasando por sindicatos como el STEPV o CGT- expresó que es "denunciable y punible" ante la ley el plan de educación sexual del arzobispado, que califica de "vicio" la masturbación, que considera una "disfunción" la homosexualidad o que desaconseja los métodos anticonceptivos para evitar la infección de enfermedades de transmisión sexual y predica la "continencia" o la "paciencia".

Por un lado, por los peligros que conlleva en cuanto a embarazos no deseados o contagio de enfermedades. Y por otro, porque fomenta la "homofobia, la bifobia o la transfobia", y porque somete a desprecio a los alumnos homosexuales o hijos de un matrimonio gay o de padres separados, modelos de familia "disfuncionales" a juicio del programa de sexualidad de la Iglesia. Por ello, Bataller animó que "colectivos como Lambda u otros" denuncien al Arzobispado de Valencia, porque en España "ya hay sentencias que condenan los comportamientos homófobos", dijo.

La ciencia, por delante

La plataforma leyó un manifiesto que recuerda que "los alumnos de enseñanzas obligatorias tienen derecho a una educación sexual científica y racional, independiente del centro al que vayan y del modelo familiar de sus padres". Así lo recoge la Ley de Autonomía del Menor, que establece que los menores de 13 años no necesitan el permiso paterno para la autodeterminación sexual. Por ello, la plataforma solicitó "el mantenimiento" del PIES impartido por profesionales educativos y sanitarios, y para todos los centros de enseñanzas obligatorias de la Comunitat Valenciana".