El Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano decidirá el próximo jueves, a tres días de las elecciones autonómicas, si finalmente asume la causa sobre la posible financiación ilegal del PP de la Comunitat Valenciana y las presuntas irregularidades en las contrataciones de la Generalitat con la trama Gürtel. Si en la deliberación que se inicia el jueves la Sala de lo Civil y Penal del TSJ se declara competente para instruir estos hechos (de los que hace un año se inhibió en Madrid el magistrado Antonio Pedreira por haber implicados aforados), el TSJ deberá determinar en esa misma resolución contra qué personas dirige la causa por ver indicios de delito. En la práctica, eso supondría la imputación virtual de los afectados, puesto que necesariamente después serían citados a declarar como imputados por el juez al que le sea encargada la investigación.

Entre los implicados por el juez Pedreira en los supuestos delitos de financiación irregular, cohecho, prevaricación, delito electoral y delito fiscal relacionados con la trama Gürtel figuran Vicente Rambla (vicepresidente del Consell); Milagrosa Martínez (presidenta de las Corts, por su etapa como consellera de Turismo); Ricardo Costa (exsecretario general del PPCV y diputado autonómico); David Serra (vicesecretario general del PPCV y diputado autonómico); Yolanda García (tesorera del PP valenciano y diputada autonómica); Rafael Betoret (exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo); y Pedro García (exdirector de RTVV).

En una breve nota, el TSJ valenciano comunicó ayer que ha recibido certificación de las Corts "sobre las personas que componen la Diputación Permanente" para saber qué políticos gozan todavía de la condición de aforados. Se trata, aunque la nota no lo especifica, de Costa, Serra, Martínez y García. El comunicado fija el próximo jueves para que los cinco magistrados del pleno de la Sala de lo Civil y Penal del TSJ inicien "las deliberaciones" (que podrían limitarse a un día o bien alargarse las jornadas necesarias) para decidir si asume la causa de la financiación irregular del PP valenciano. A partir de ahí, según las fuentes jurídicas consultadas, se abre un abanico muy amplio de posibilidades sobre el devenir del caso que afectarían en mayor o menor medida a la recta final de la campaña electoral.

Ante todo, se da por casi seguro que el TSJ asumirá la investigación. Pero, respecto a los plazos, hay varios escenarios posibles. En resumen: el TSJ puede votar y aprobar el jueves la asunción de la investigación. Pero que haya fumata blanca ese día no quiere decir que ese mismo jueves estuviera lista la resolución en la que apareciesen los nombres de las personas contra las que se formulan los supuestos delitos, y que formalmente serían imputadas una vez los cite el juez a prestar declaración.

Eso dependerá de muchos factores. Entre otros, del nivel de acuerdo sobre el borrador que presente el magistrado José Francisco Ceres. Si hay petición de jurisprudencia y un debate acalorado, o si se emiten votos particulares de algún magistrado contra la decisión final de la mayoría, se antoja muy difícil que el TSJ llegue a comunicar antes de la jornada electoral la asunción de la investigación y los nombres de las personas contra las que dirige la causa. Todo está en el aire. Pero ha aparecido un nuevo factor de cara a la recta final de la campaña electoral.