Los peritos de Hacienda adscritos a la Fiscalía Anticorrupción confirmarán el próximo día 31 de mayo ante el juez de Nules que el presidente de la Diputación de Castelló, Carlos Fabra, dejó de ingresar al impuesto de la renta de las personas físicas una cuota próxima al millón de euros.
Los inspectores han sido citados por el juez Jacobo Pin para que presenten su segundo informe sobre las cuentas del líder provincial del PP.
En su último recurso, Fabra solicitó más tiempo para aportar los documentos bancarios que, según él, probarían que está al corriente con el fisco y que no ha cometido ninguna irregularidad. Pin le dio cinco días para que pudiera reunir los extractos bancarios pero de momento Fabra no ha conseguido localizar los papeles que le exculparían, por lo que no ha conseguido rebatir el primer informe que en su día presentaron los peritos. De esta manera, los inspectores siguen manteniendo que el político popular ingresó 3,7 millones de euros sin justificar solo en cinco años.
Este segundo balance patrimonial que los técnicos de la Agencia Tributaria presentarán el próximo 31 de mayo tampoco difiere sustancialmente del primero y apenas "corrige" algunos errores poco relevantes y que "de ninguna manera alteran la calificación jurídica de los cinco delitos fiscales supuestamente cometidos por Fabra", según fuentes próximas al caso.
Alto nivel de vida
El informe demostraría el alto nivel de vida que la familia Fabra llevó entre 1999 y 2004, periodo en el que suscribieron numerosos préstamos hipotecarios, cheques y transferencias por cantidades millonarias. De esos beneficios, Fabra habría dejado de ingresar al IRPF una cuota de casi un millón de euros, a pesar de que su declaración le salió siempre a devolver.
Aunque no aporta grandes novedades a la investigación del caso Fabra, este segundo informe de Anticorrupción ha ralentizado aún más un procedimiento que se abrió en 2003, cuando el empresario Vicente Vilar acusó a Fabra de cobrar comisiones millonarias a cambio de favores políticos durante los gobiernos de Aznar. Por otra parte, la causa sigue paralizada en el Tribunal Supremo después de que la Audiencia Provincial de Castelló dictara un auto definitivo en el que concluyó que cuatro de los cinco delitos fiscales supuestamente cometidos por el líder del PP quedarán sin castigo porque han prescrito. La acusación particular y la Fiscalía recurrieron esta decisión ante el Supremo, que deberá pronunciarse en los próximos meses.
Si el alto tribunal confirma la decisión de la Audiencia castellonense, Fabra se sentará en el banquillo de los acusados para responder solo de un delito de fraude fiscal cometido durante el ejercicio 1999 y por tráfico de influencias. Si por contra los magistrados consideran que los delitos no han prescrito, la causa se devolvería al Juzgado de Nules para que siguiera su curso.
