El Consell aprobó ayer en su primera reunión después de las elecciones del 22-M una modificación normativa que en la práctica supondrá poner coto a la contratación de personal en las fundaciones públicas. Estas entidades, impulsadas por la Generalitat y financiadas a cargo del erario público, se habían convertido con el paso del tiempo en un auténtico coladero de personas sin apenas control. De hecho, a lo largo de los años las denuncias de la oposición de casos de "enchufismo" han sido constantes. El acuerdo del Consell pondrá, al menos sobre el papel, fin a la opacidad que ha envuelto la gestión de estas fundaciones. De hecho, la portavoz del Consell, Paula Sánchez de León, aseguró que con las medidas adoptadas -también habrá una nueva regulación para las fundaciones privadas de la Comunitat Valenciana- se "incrementará, aún más, la transparencia y el buen hacer" de estas entidades.
El decreto, por el que se aprueba un nuevo reglamento para estas entidades, incluye varias novedades para las fundaciones del sector público. Estas deberán confeccionar una plantilla de su personal "en la que se definan las funciones a desarrollar, los requisitos de formación necesarios y la retribución de cada puesto". La relación de nóminas deberá se aprobada por el Patronato de la fundación. "No será posible -mantiene el Consell- la contratación de personal alguno si previamente el puesto de trabajo no se encuentra recogido en la plantilla aprobada, y la persona seleccionada no reúne los requisitos previstos".
Además, las fundaciones deberán incluir en la memoria de gestión económica "la sujeción a los principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad de las convocatorias de selección del personal que se hayan realizado en el año". La nueva regulación también les obligará a rendir cuentas sobre sus contratos, que deben ajustarse a la ley.
Por último, "y sin perjuicio de la preceptiva autorización del Protectorado de Fundaciones de la Generalitat, los actos de enajenación y gravamen de los bienes y derechos que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales, así como los que impliquen autocontratación, de las fundaciones del sector público de la Generalitat, requerirán autorización previa mediante Acuerdo del Consell", según establece la nueva normativa.
La medida, promovida desde la Conselleria de Justicia y Administraciones Públicas, y desde un Consell aún en funciones evidencia la necesidad del Ejecutivo valenciano de ir restringiendo gastos en el sector público. El control en estas fundaciones, cuyos gastos de personal se han disparado año tras año, parece obligado de cara a una legislatura en la que el nuevo Ejecutivo está comprometido con el tijeretazo en el gasto.
También habrá novedades para las fundaciones que operan en el territorio y que están inscritas en el Registro de Fundaciones de la Comunitat Valenciana. En la actualidad están dadas de alta 688. La principal novedad es la exigencia de un aval a los fundadores que pretendan constituir la entidad mediante la figura de la dotación sucesiva como garantía del compromiso del desembolso pendiente.
Además, el reglamento obliga a estas entidades sin ánimo de lucro a una definición más detallada del funcionamiento del Patronato, así como de las funciones que corresponden al presidente y al secretario, para suplir los eventuales vacíos estatutarios.
El Consell establecerá también una nueva regulación de los gastos de administración, de tal manera que se sustituye el actual límite inicial, que será ampliable con autorización por un límite fijo equivalente al actual ampliado. De esta manera y "respetando la legalidad, concede mayor margen de maniobra en este ámbito al Patronato de la fundación", según señaló la portavoz.
Siete fundaciones y dos empresas menos
El Consell hizo ayer balance del ajuste en el sector público anunciado hace dos años y que, hasta el momento, se ha concretado en la extinción de siete fundaciones y dos empresas públicas. La excusa fue el acuerdo por el que se dio cuenta de la aprobación del balance final de liquidación de la Sociedad Gestora para la Imagen Estratégica y Promocional de la Comunidad Valenciana, S.A. Las fundaciones desarticuladas son: Marca de Garantía del Puerto de Valencia; Gestión y Eficiencia Empresarial; Investigación del Audiovisual; Fundación de Promoción de las Artes Contemporáneas; la de las Artes Escénicas; la Fundación frente a la Discriminación y los Malos Tratos; y la Antonio Cabanilles. La otra firma extinguida ha sido la Comunitat Valenciana de Inversión. De León no pudo concretar el ahorro que ha supuesto esta extinciones -el global previsto es de mil millones- ni en cuánto tiempo estará contemplado todo el proceso.
