Cerca de 400 menores infractores a la espera de cumplir condena y demoras de año y medio para empezar a hacerlo. Ésta es la situación que describe el síndic de greuges en un informe que analiza los problemas en la ejecución de medidas judiciales impuestas a menores condenados. Unos 400 adolescentes de la Comunitat Valenciana están a la espera de cumplir condena debido a la falta de medios y de personal para poder llevar a cabo la función educativa que subyace tras estas medidas, según el informe elaborado por el síndic y remitido el pasado febrero a la Conselleria de Justicia.
Según el documento, Alicante concentra, con diferencia, el mayor número de menores en lista de espera para poder cumplir condena, ya que de los 376 que había en toda la C. Valenciana a fecha 10 de noviembre de 2010, 300 estaban en esta provincia. Los datos con los que trabaja el síndic, recogidos a través de la Conselleria de Justicia y de los distintos centros de menores y ayuntamientos que colaboran con el cumplimiento de medidas en régimen abierto -aquellas que no conllevan la privación de libertad-, van acompañados de una decena de recomendaciones al Consell para intentar mejorar las numerosas deficiencias detectadas en la gestión judicial relativa a los menores. Entre ellas, el síndic exige que se establezcan ratios para controlar el número de jóvenes con los que trabaja cada educador, ya que estos cupos se están disparando por la falta de presupuesto para aumentar el número de profesionales y por los impagos a tiempo de las subvenciones a los centros de menores y ayuntamientos en los que el Consell delega la ejecución de las medidas.
Prescripción de la medida
El síndic tilda los retrasos que se producen entre la notificación de la sentencia y la ejecución de la misma de "claramente inconvenientes". Jueces y fiscales consultados por este diario ratificaron que los tiempos de demora oscilan entre los 9 y 16 meses y explicaron que los problemas principales de estas listas de espera son la prescripción de la medida y la falta de eficacia de la misma. Las medidas dejan de tener sentido, como ocurre sobre algunos menores condenados que tienen que empezar a cumplir la pena cuando ya han alcanzado la mayoría de edad en una situación que ya no se asemeja a la que tenían cuando se cometió el delito.
Convivencias y tareas con grupos educativos, prohibición de salidas en fin de semana, órdenes de alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad, asistencia a un centro de día o talleres de inserción son algunas de las medidas impuestas por los magistrados para los menores condenados a penas no privativas de libertad, que suponen un 70% de los casos de condena, mientras que el otro porcentaje se reserva para el internamiento en centros.
Centros de día
El síndic recuerda que el sistema judicial debe apostar por la libertad vigilada u otras medidas de régimen abierto, así como por la creación de centros de día para menores, de los cuales la Comunitat Valenciana está falta.
Sin plan alguno para coordinar conselleries
Una de las deficiencias que el síndic resalta es la ausencia de un plan de coordinación entre las distintas administraciones públicas, como Justicia, Sanidad o Bienestar Social. El síndic de greuges, José Cholbi, denuncia que ya no se publicita el número de menores que tienen que ser atendidos por cada educador para garantizar la efectividad de la medida educativa. Cholbi denuncia que el Consell ha dejado de publicitar en las órdenes emitidas por la Conselleria de Justicia cuántos adolescentes como máximo debe atender cada educador. Lo que dificulta el trabajo de los especialistas.
