Portavoz del PP en las Corts y estratega del núcleo duro del presidente de la Generalitat, el conseller Rafael Blasco ya ha augurado que "el presidente Camps tomará medidas concretas, por duras que sean", para aliviar la situación económica de la Comunitat Valenciana. A su vez, el presidente de la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), Vicente Boluda, ya ha reclamado que el nuevo Consell adopte "medidas valientes, firmes y transparentes, aunque sean impopulares" para afrontar la crisis y el endeudamiento público valenciano. Duras e impopulares. Se da por descontado que el nuevo gobierno valenciano impulsará un plan de ajuste marcado por la austeridad y los recortes drásticos. ¿Pero cómo será?

Para conocerlo todavía faltan unos meses, o tal vez su divulgación y puesta en marcha se aplace a después de las Elecciones Generales si es que el tijeretazo puede levantar ampollas en la calle que obstaculicen la campaña del candidato Rajoy. Pero tal vez sirva de ayuda conocer el modelo de recorte impulsado por una autonomía vecina, gobernada también por el PP, y cuyo presidente mantiene estrechas relaciones -hasta casi formar un frente autonómico- con el molt honorable.

Se trata de Murcia. Después del mucho ruido que desató la aprobación del tijeretazo murciano el 23 de diciembre (que incluyó la agresión al consejero de Cultura y Turismo del Gobierno regional), la reforma murciana se ha traducido en menos nueces de las esperadas por el Ejecutivo de Ramón Luis Valcárcel.

La Ley de Medidas Extraordinarias para la Sostenibilidad de las Finanzas Públicas alargaba la jornada de trabajo semanal de 35 a 37,5 horas y establecía unos recortes salariales para los funcionarios que finalmente han quedado reducidos a la mitad tras las protestas de los empleados públicos. En concreto: los médicos perdían una media de 500 euros mensuales al pasar a contabilizarse las guardias de los sábados dentro de la jornada semanal, mientras que a los profesores se les iban a rebajar 75 euros mensuales.

Horas extras no retribuidas

Además, los cursos de formación no computarían como jornada de trabajo, se congelaba la plantilla y se suprimían las horas extraordinarias que, en caso de ser inevitables, se compensarían con tiempo libre, no con dinero. La ley también suprimía el complemento del 25% que permite a los funcionarios cobrar el 100% del sueldo cuando están de baja por enfermedad.

No obstante, la rebaja aplicada finalmente al salario de los profesores se ha quedado en la mitad -37,5 euros mensuales-, mientras que los médicos calculan que han perdido sólo el 33% del recorte previsto en la ley original. Pero todavía hay más: la jornada laboral ha quedado finalmente en 36,5 horas semanales, y esa hora y media de más que trabajarán se destinaría a formación, pero no se alargará el horario de trabajo a los profesores, a los sanitarios ni a los funcionarios.

También en las bajas del personal de la Administración murciana vuelve a cobrarse (desde el 1 de marzo) el 100% del sueldo, y se han recuperado asimismo la mitad de las ayudas, becas y bonificaciones sociales que habían sido suprimidas en un principio. De copago sanitario, pese a las insinuaciones de Valcárcel, no hubo nada.

¿Que ha quedado intacto de la reforma murciana? La congelación de las oposiciones, la supresión de horas extras de los funcionarios o un recorte de la aportación pública a la televisión regional que ronda el 60%.

Con esta reforma, ampliamente cuestionada en la calle y reconducida después a golpe de negociación con los sindicatos en los meses anteriores a las elecciones, Valcárcel ha ampliado el 22-M su mayoría absoluta al pasar de 29 a 33 diputados. ¿Hay lecciones murcianas para el futuro Consell de Camps? Está la versión ambiciosa, la reducida e incluso una postura intermedia. La conexión Camps-Valcárcel puede volver a funcionar.