La policía autonómica de la Generalitat -una dotación de 360 agentes nacionales adscritos al Consell- dio ayer un salto adelante en sus limitadas competencias al anunciar el conseller de Gobernación, Serafín Castellano, que el cuerpo autonómico desplegará un operativo de lucha preventiva contra la inseguridad en las urbanizaciones.
En este "plan de choque" participarán 100 agentes de la policía de la Generalitat que, en coordinación con otros 300 policías locales, patrullarán las zonas residenciales del extrarradio "con mayor tasa de criminalidad y delincuencia en los últimos meses".
Los policías autonómicos llevarán a cabo, en palabras de Castellano, "rondas de patrullas, identificaciones de personas y de vehículos a través de controles fijos y móviles, y patrullas aéreas con el helicóptero Jaume I". Las labores de vigilancia van a empezar "ya" en 15 municipios valencianos, con 36 patrullas diarias, y el objetivo es alcanzar progresivamente las urbanizaciones de 73 localidades de la Comunitat Valenciana.
Aunque el conseller Castellano matizó en la presentación del plan que la policía autonómica iba a actuar "en colaboración y coordinación con los cuerpos de seguridad del Estado", pronto saltaron las chispas y se produjo una contundente respuesta del Gobierno. La delegada del Ejecutivo en la Comunitat Valenciana, Ana Botella, emitió un comunicado oficial en el que criticó "la injerencia del conseller de Gobernación en funciones en un ámbito -el de la seguridad ciudadana- en el que no es competente".
Botella exigió a Serafín Castellano "que se centre en sus competencias y no interfiera en el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado". "Ya que no ayuda, ni se coordina, ni colabora, por lo menos que no moleste en el quehacer diario de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y que no cree el alarmismo entre la ciudadanía", añadió la delegada.
Entre las competencias de la mal llamada policía autonómica de la Generalitat destaca la custodia de edificios y personalidades, la asistencia a menores, mujeres, el medio ambiente, los juegos y espectáculos, así como la protección de las manifestaciones. En ningún caso figura la competencia de la seguridad ciudadana, tarea que compete a la Policía Nacional o a la Guardia Civil en función del tamaño de la población.
Ahora bien: el 13 de noviembre de 2010, la policía autonómica empezó su reconversión práctica -que no legal- al poner en marcha un dispositivo de seguridad rural, que sigue vigente, en el que 2.328 personas han sido identificadas, 5.819 vehículos han resultado inspeccionados, 180 personas han sido denunciadas y se han inmovilizado 162.121 kilos de fruta y cobre después de 1.216 patrullas realizadas en 88 municipios valencianos.
"Hay que ocuparse de la calle"
En respuestas a la prensa sobre un posible conflicto competencial y antes de conocer la airada reacción del Gobierno, el conseller Castellano admitió que iban a actuar "en perfecta lealtad y coordinación con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que, al fin y al cabo, son los competentes en materia de seguridad ciudadana propiamente dicha".
Pero ese reconocimiento y el aviso de que trabajarán "dentro del cumplimiento de la normativa y de su ámbito competencial", no fue óbice para añadir que "hay que ocuparse de las necesidades y las deficiencias que tiene la calle", y "todo lo que sumar, ayudar y colaborar, lejos de ser criticado tiene que ser bien valorado" y no materia de "polémicas de despacho".
Pese a lo dicho, el conseller de Gobernación sí que entró en la polémica y replicó por la tarde la crítica del Ejecutivo. Castellano recalcó que "la Generalitat no tiene por qué justificarse de nada cuando lo único que está haciendo es dar respuesta a las necesidades y a las demandas de los ciudadanos y colaborar lealmente con el Gobierno", y manifestó que lo que molesta a la delegada del Gobierno es que el plan de seguridad preventiva en urbanizaciones del Consell -acordado ayer por la mañana con los mandos de la policía autonómica y el secretario general de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias- "deja en evidencia las carencias y la dejadez de las responsabilidades del Gobierno central en materia de seguridad en la Comunitat Valenciana". Hoy, según lo anunciado por Castellano, las patrullas ya están en acción.
