A 48 horas de que el presidente del PP, Mariano Rajoy, reuniera a sus barones para comprometerles con un "tijeretazo" en el gasto en sus respectivas autonomías, el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, llevó el pleno del Consell de ayer un plan de medidas de gestión y austeridad cuyo objetivo es estimular la iniciativa privada para crear empleo. El acuerdo, que en realidad tendrá que concretarse más adelante mediante la aprobación de cuatro leyes, dos decretos y tres planes de actuación, fue explicado en rueda de prensa por el vicepresidente primero, Vicente Rambla. El grueso de la propuesta, basada en cinco líneas básicas, está ya recogida en programa electoral del PPCV, aunque existen algunas novedades como la aprobación de un código de buenas prácticas para los altos cargos y la apuesta decidida de dar mayor entrada a la iniciativa privada en los servicios públicos y en las infraestructuras.

Los cinco grandes bloques en los que se dividen las medidas son: la reducción del gasto; la reorganización del sector público; la modernización de la Administración Pública; la simplificación de la normativa, y la intensificación de la colaboración con el sector privado en el ámbito de los servicios y las infraestructuras. El vicepresidente no precisó plazos de ejecución, si bien aseguró que el Consell ya está trabajando en muchas de estas medidas, mientras que otras se aprobarán una vez se conforme el nuevo Ejecutivo

No pudo tampoco, al ser preguntado sobre la estimación del ahorro, precisar una cifra. "Prefiero no quedarme con una cifra sino en una política de gestión que quiere llevar el presidente y un compromiso claro de convertirse en un agente de la recuperación económica", indicó Rambla, quien adelantó que estas medidas serán el eje fundamental del debate de investidura del jefe del Consell.

La cuatro leyes a través de las cuales se encauzarán estas medidas son la ley que obligará a fijar un techo de gasto no financiero, la ley de presupuestos y la de acompañamiento -en la que se reflejarán los recortes prometidos en gasto corriente y subvenciones- y la ley del sector público donde se fijarán cuestiones como la transparencia, la austeridad y la dimensión de la administración. Por otro lado, el presidente aprobará un decreto en el que fije un máximo de diez conselleries y un segundo donde se determine la estructura orgánica de las conselleries. El decreto de buenas prácticas obligará moralmente a los altos cargos a reducir sus gastos de representación, el uso del coche oficial y de móvil, entre otras cuestiones. El paquete normativo se completa con tres planes, uno para simplificar las normativa; otro para evitar solapamiento de competencias y un tercero, para evaluar la gestión.