Cerca de 80 millones de euros podría ingresar el Ayuntamiento de Benidorm si tuviera derecho a cobrar el aprovechamiento urbanístico de los 790.000 m2 de uso residencial, comercial y hotelero del área de reserva de Terra Mítica.

Sin embargo, no le deja la Generalitat. Con el fin de paliar esta situación, que en su día el concejal de Urbanismo, Jaime Llinares, calificó como «un cortijo del Consell en Benidorm», el Ayuntamiento ha recurrido ante el TSJ la polémica modificación número 6 del Plan Especial Director de Usos y de Infraestructuras (PEDUI), que regula parte del área del complejo de ocio.

El abogado que le lleva al Ayuntamiento el litigio judicial es el que ha logrado ponerle una cifra a uno de los misterios mejor guardados de la existencia urbanística del entorno del parque temático. Al Consistorio le correspondería un 10% de todo el aprovechamiento, una superficie equivalente a 800 viviendas. A un precio actual de mercado de 1.000 euros por m2, serían al menos 79 los millones de euros que podría recaudar la administración municipal. Lo haría en esos 790.000 m2 que en su día fueron reservados para una futura ampliación del complejo y que al final ha acabado por reservarse para edificar hoteles y apartamentos a pesar de ser suelo no urbanizable no protegido.

La petición de Enrique Ortiz

El TSJ ya le ha pedido a la entidad gestora del área, Sociedad de Parques Temáticos, el expediente de la modificación, para trasladarla a la parte demandante. Éste presentó el recurso a principios de mayo a través de un decreto, que fue ratificado el lunes por el pleno con los votos favorables del gobierno local y la abstención del PP. El planeamiento urbanístico de la zona aledaña al parque es un asunto en el que está involucrado el constructor alicantino Enrique Ortiz. La modificación número 6 fue firmada por el conseller de Medio Ambiente, Juan Cotino, el pasado 21 de febrero a petición de tres mercantiles con intereses en el suelo, entre los que se encuentra una firma vinculada a Ortiz, con la intención de incrementar la densidad urbanística de la zona. La parcela fue adquirida por las tres empresas en subasta pública por 85 millones de euros.

Los cambios provocarán, según Llinares, que «desaparezca hasta el último pino y el último arbusto». Así, según el concejal de Urbanismo, se elimina la parcela mínima de 2.000 m2, se disminuye la distancia entre edificaciones, se incrementa el número de plantas a bajo más tres pisos más ático y se aumenta la altura de cornisa a 16,5 metros y la de cumbrera a los 18.