La dirección nacional del PP ha abierto la veda de los agujeros económicos dejados por los gobiernos socialistas en las autonomías que va a pasar a dirigir tras las elecciones del 22-M, especialmente en Castilla-La Mancha, donde los populares denuncian facturas impagadas por 2.000 millones tras recordar el déficit oficial con que se cerró 2010, otros más de 2.000 millones.

Pero, con las arcas autonómicas esquilmadas, el debate puede convertirse en bumerán en las comunidades donde el PP lleva en el poder muchos trienios. Es el caso de la Generalitat, donde, con la última auditoría que la Sindicatura de Comptes realizó a las cuentas autonómicas —referida a 2009—, el Consell mantiene un déficit «oculto» de 2.849 millones de euros. Una cifra que supera al «agujero» de deuda a proveedores que el PP denuncia en Castilla-La Mancha.

La mayoría de este déficit «escondido» de 2.849 millones, 2.215,4 millones, son facturas de Sanidad de suministros y servicios consumidos y pendientes de aplicar a un presupuesto. Los restantes 633,9 millones son los llamados «derechos definidos», ingresos que se contabilizaron entre 1990 y 2004 sobre meras expectativas de cobro que el Síndic da prácticamente por incobrables.

De hecho, la última vez que se ingresó algo por este tipo de derechos —una figura erradicada cuando la Generalitat aprobó el nuevo Plan Contable en 2001— fue en 2006, 53,3 millones. Desde entonces, ni un solo euro. Invariablemente, cada año quedan 633,9 millones de derechos definidos pendientes de cobro.

Con todo, el principal problema es el gasto de Sanidad ya realizado y que todavía no se ha aplicado a ningún presupuesto. De este modo, no cuenta a efectos del déficit oficial del ejercicio reconocido por el Consell.

La mayoría permanece impagado, para desesperación de los proveedores de la Generalitat. Los últimos datos oficiales, al cierre de 2009, revelan que el Ejecutivo de Camps dejó gastos por reflejar en el presupuesto de 2.505,9 millones. De éstos, 962,9 son obligaciones no reconocidas, literalmente, facturas en los cajones de 2009. Los otros 1.543,3 millones son deudas con los proveedores reconocidas en la contabilidad financiera (balance) pero no en la presupuestaria.

Esta deuda el Consell la ha resuelto mediante acuerdos con los proveedores y los bancos para que éstos paguen a las empresas y el Ejecutivo irá abonando a las entidades financieras en cómodos plazos entre 2010 y 2017. Es ahí cuando un gasto de 2009 y años anteriores aflorará finalmente. Al cierre de 2009 quedó «oculto» a efectos de déficit.

En su informe, el Síndic matiza respecto a los citados 2.505,9 millones de lastre en gasto sanitario que durante los primeros meses de 2010 el Consell pagó facturas de farmacia por 290,5 millones. Este dato obvia las facturas en los cajones que con toda seguridad se generaron durante esos meses de 2010 pero, dando por buena la reducción, aún habría 2.215,4 millones de gasto sanitario sin reflejo en el presupuesto de 2009 que la Generalitat tendrá que aflorar y pagar hasta 2017.

Un déficit de 3.632 millones

Los datos oficiales del déficit tampoco son halagüeños. El último año liquidado, 2010, se saldó con un déficit de la Generalitat de 380 millones. Pero este dato se calcula con la cuenta de la Administración, que no incluye la mayoría de empresas públicas. En cambio, el Ministerio de Hacienda desveló unos «número rojos» del Consell en términos de contabilidad nacional —lo que incorpora las cifras de las mercantiles públicas— equivalente al 3,47 % del PIB valenciano, esto es, unos 3.632 millones.

Castilla-La Mancha liquidó 2010 con un déficit de 2.383 millones, por debajo de la C. Valenciana en cifras absolutas, si bien equivale al 6,47 % de la riqueza de esa comunidad. La media de las comunidad fue del 2,83 %, lo que supuso más de 30.000 millones de «números rojos». El objetivo de estabilidad fijado por el Gobierno se situó en el 2,4 %.

Valencia suma más deuda que Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Aragón juntas

Los populares han cargado contra el lastre que los socialistas han dejado como herencia en Castilla-La Mancha, pero en otras autonomías, como la valenciana, la «mochila» de la deuda es todavía más pesada. El Ejecutivo de Camps, con 17.600 millones en préstamos a los bancos que habrá que devolver supera todo el endeudamiento sumado de las cuatro autonomías del PSOE hasta el 22-M, que ahora pasará a gobernar el PP: Castilla-La Mancha, Baleares, Asturias y Aragón.

Todas ellas juntas alcanzan los 14.418 millones, de los que 5.819 corresponden a la comunidad dirigida hasta ahora el socialista José Maria Barreda. Otros 2.901 son atribuibles al Ejecutivo aragonés; 1.634, al Principado de Asturias; y los restantes 4.064 millones al Gobierno de Francesc Antich.

A los 17.600 millones de deuda de la Generalitat, incluidas las empresas públicas que se consideran Administración pública, hay que añadir otros 3.068 millones de préstamos solicitados por las sociedad mercantiles que no computan a efectos del Banco de España. Eso sí, la deuda habrá que pagarla igual. En total, 20.668 millones de lastre financiero, sin contar intereses.