La Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Valencia ha asegurado que las medidas aprobadas ayer por el Gobierno para proteger a las víctimas de ejecuciones hipotecarias -entre ellas subir a casi mil euros la parte del sueldo blindado ante embargos y aumentar al 60 % del valor de tasación el precio mínimo de un inmueble subastado- son "puro maquillaje" y "no van a solucionar nada".

Por ello, afirman, seguirán actuando para evitar cualquier desahucio del que tengan constancia hasta que la Administración no atienda sus cuatro grandes reivindicaciones: que se paralicen los desahucios; que se apruebe la dación en pago, es decir, que cuando alguien no pueda pagar su hipoteca pueda cancelar la deuda entregando su piso al banco; que se habilite un parque público de vivienda de alquiler social con opción a compra; y que los ya desahuciados puedan acogerse con carácter retroactivo a la dación en pago para cancelar su deuda.

Ana Blanco, portavoz de la plataforma, aseguró ayer que "nadie se puede quedar en la calle" y hay que proteger "los derechos de las personas que no tienen medios para procurarse una asistencia".

Ayer, una veintena de miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas de Valencia presentó sendas reclamaciones al juez decano de Valencia y al Defensor del Cliente de Bancaja por el desahucio el domingo de Eva Carvajal, vecina de Valencia, por "las formas empleadas".