El estado agónico por el que atraviesan las arcas de la Generalitat desde hace más de un año está rompiendo todos los límites. Hasta el punto de que ya son varias las entidades bancarias que han cortado el grifo al Consell, al que no dan más crédito. Una expresión más de la crisis de liquidez que empuja al abismo a muchos proveedores, empresas privadas y autónomos que han visto cómo algunas entidades bancarias se niegan a adelantarles los pagos que les adeuda la Generalitat aceptando a cambio facturas endosadas por los contratistas.

Según documentación que obra en poder de este diario, entidades como el Banc de Sabadell han comunicado a empresarios del sector de la construcción que la "línea de crédito para el mencionado deudor ha sido anulada". El deudor es la "Generalitat Valenciana, con CIF S4611001A". Al menos otras dos entidades, un banco y una caja, han actuado de forma similar en ese tipo de pólizas de crédito, según testimonios empresariales.

El cierre del crédito a la Generalitat, de la que ya no se fían, supone un contratiempo para quienes encontraban oxigeno en estas clásicas operaciones consistentes en ceder al banco la factura, ceder el derecho de cobro, a cambio de tener liquidez, aunque sea con la llamada tasa de descuento, esto es, un interés que la entidad financiera carga al proveedor del Consell a cambio de asumir el retraso de la Administración en sus pagos.

El interés que se cobra siempre está vinculado al plazo de pago, de forma que si la Generalitat se retrasa más de la cuenta, quien sufre el perjuicio es el proveedor. Fuentes del Consell explicaron que estas pólizas de crédito se negocian con los bancos en la primera quincena de enero. El banco fija unas cantidades tope disponibles que irá adelantando para que la Administración autonómica pueda hacer frente a los pagos a corto plazo y vencer los retrasos que se producen en los ingresos que se reciben del Estado o la mermas de ingresos que desde que estalló la crisis.

Imparable déficit de caja

Este diario contactó ayer con un portavoz de la Conselleria de Hacienda, que no dio ninguna explicación sobre la anulación de estas líneas de crédito. La situación raquítica de la caja pública ha encendido todas las alarmas. Los funcionarios del Servef o de Sanidad han visto como el abono de su nómina de junio y la extra se ha retrasado, como ha contado este diario. La liquidación de cuentas de 2010 ya dejó en evidencia la crisis de liquidez al revelar que el gasto realizado ese año y pendiente de pago alcanzaba la cifra de 3.036, un récord histórico. Una cantidad que se adeudaba básicamente a proveedores, empresas privadas, ayuntamientos u organismos públicos.

En esas circunstancias y con un déficit de caja (diferencia neta entre cobros y pagos) que superaba en mayo los 221 millones, el presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, ha pedido que el Gobierno obligue por ley a las comunidades a reconocer la deuda a proveedores cuando se autorice la operación para evitar que el retraso en aceptar la factura sirva de treta para demorar los pagos. Un deseo que aquí suena a ciencia ficción.