La fiscalía investiga al jefe de la imprenta por el posible amaño de las pruebas de la diputación

JULIA RUIZ VALENCIA El escándalo de las oposiciones convocadas por la Diputación de Valencia para cubrir diez plazas de auxiliar de recaudación se le complica al equipo de Gobierno que preside Alfonso Rus. La Fiscalía provincial de Valencia ha abierto de oficio diligencias de investigación penal ante la existencia de un posible amaño en el primer examen que, tal como informó Levante-EMV, aprobaron, entre otros aspirantes, siete personas vinculadas al PP o a cargos del partido. La Federación de Servicios Públicos de la UGT y Comisiones Obreras denunciaron los hechos ante la fiscalía al considerar que había evidencias de una posible filtración del examen. La fiscalía, que ayer tomó declaración a los representantes sindicales que firmaron la denuncia, ha hecho suya la investigación y señala a Javier Montero, jefe de la imprenta provincial como posible responsable. De el abogado de Motero estuvo presente y participó en el interrogatorio que la fiscal asignada al caso realizó a los responsables sindicales. Montero, ex asesor del grupo popular en la diputación, fue nombrado al frente de la sección de Imprenta y BOP de la corporación provincial por el acalde de Chiva y diputado José Maria Haro. Ambos están en el ojo del huracán de la polémica ya que, según la denuncia sindical, al menos cuatro personas vinculada con este municipio han sacado las notas más altas del primer examen. Entre ellas, la cuñada de Javier Montero, a la sazón funcionario en excedencia de Chiva, que logró la segunda puntuación más alta; un 9,222. Curiosamente la familiar de Montero se había presentado hace un año una oposición similar y había sacado un 0,85.
Cabe recordar que, la elaboración e impresión del examen se hizo en la imprenta provincial, situada en Paterna, cuando la dinámica habitual es que los ejercicios se preparen en las oficinas de Personal y se fotocopien en la reprografía del edifico principal de la Corporación provincial, en la plaza de Manises. Según ha podido saber este diario, durante el interrogatorio los responsables sindicales trasladaron a la fiscal sus dudas sobre un examen con más de 110 preguntas tipo test que los aspirantes tuvieron que responder en una hora, algo, aseguran, técnicamente imposible.
De momento, Rus ha abierto una investigación interna y ha ordenado frenar la prueba.