Contra la mercantil que gestiona el tratamiento y eliminación de los residuos sólidos urbanos en Calp nunca se ha abierto ningún expediente municipal que informe de irregularidades en los 13 años de contrata. Y eso que se ha pesado a ojo, se ha llegado a no pesar o la basura se acumula a montañas. Por ello, Colsur S.L sigue trabajando para llevarse, cada día, la basura de Calp. Pese a que su propietario, Ángel Fenoll, esté imputado junto a el exalcalde Javier Morató -aún en la corporación municipal- dos técnicos municipales y tres exconcejales, entre otros, por tráfico de influencias, prevaricación y cohecho por esta adjudicación.
Mientras el Juzgado de Instrucción de Dénia investiga la trama calpina por presuntas irregularidades desde la adjudicación de la planta hasta la manipulación posterior de los pesajes "que llegaría hasta nuestros días", según sospecha la Policía, el ayuntamiento sigue teniendo como adjudicataria de la concesión a la mercantil, y aún le quedan 12 años más. La planta se encuentra sin luz eléctrica, no funciona la báscula del pesaje y se acumulan los enseres y restos de poda a montañas porque la mercantil se niega a llevárselos a su vertedero. Y los funcionarios sin respirar.
Los técnicos deben explicarse
El nuevo gobierno local ha buscado asesoramiento legal externo para fulminar la contrata de este servicio. Objetivo harto complicado ya que no se cuenta con ningún informe interno en contra de Colsur S.L. Y además, ha solicitado diversos informes municipales para que expliquen la situación de la planta. Urbanismo y medio ambiente deberá informar sobre la calificación del suelo de la planta, ya que pasó a ser de especial protección por el PGOU tan sólo un mes después de la adjudicación. La intervención deberá presentar un informe económico sobre la liquidación durante el pasado ejercicio, así como toda la información contable con la mercantil y, la secretaría municipal deberá, por su parte, informar sobre la situación contractual. La derivada calpina de la trama Brugal, que suma de momento 11 imputados, ha puesto en entredicho a los diversos técnicos municipales del ayuntamiento por cerrar los ojos ante las irregularidades y porque los dos funcionarios responsables de los pesajes (José Luis Faubel y Juan Cervantes) están imputados al considerar la Policía que pudieron participar en un presunto fraude al permitir la manipulación de los pesajes y cobrar contraprestaciones económicas a cambio. Cervantes sí presentó cinco informes aunque sin firmar y de manera interna, ya que se entregaron en mano al concejal.
