La esposa del constructor Enrique Ortiz, María Manuela Carratalá, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante el juez de la pieza separada del caso Brugal sobre las supuestas ilegalidades en el diseño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante. Carratalá permaneció menos de diez minutos en el interior del Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante, cuyo titular es Manrique Tejada, ante el cual no hizo declaración alguna. En su nombre, sus abogados, Francisco Ruiz Marco y Alejandro Bas, explicaron al juez que se acogía al derecho constitucional que tiene como imputada de no declarar durante la instrucción de la causa. Argumentaron, entre otros razonamientos, que la defensa no había tenido suficiente tiempo, en el plazo dado por el magistrado de 20 días, para estudiar esta "voluminosa" causa, de más de 8.000 folios.
En esta breve comparecencia también estuvieron presentes el fiscal Anticorrupción de Alicante, Felipe Briones, y los abogados de las dos acusaciones particulares, Raquel Cremades (EU) y Fernando Montalvo (PSPV-PSOE). María Manuela Carratalá -más conocida en Alicante como Maleles- es la tercera en declarar en esta causa, y está imputada como supuesta intermediaria en los regalos de su marido a cargos públicos.
Quesada abrió la serie
El primero en comparecer ante el juez fue el redactor del PGOU, el arquitecto Jesús Quesada, quien admitió haberse reunido dos veces con el constructor a instancias de la actual alcaldesa, Sonia Castedo, aunque negó que facilitara información privilegiada o que recibiera dádiva o contraprestación de algún tipo. Anteayer declaró Enrique Ortiz, quien negó haber ofrecido regalos y también que los políticos de Alicante le hayan beneficiado en la redacción del planeamiento urbanístico.
Además de estas tres personas, el juez Tejada ha citado para el 20 de julio al directivo de Bancaja en 2008 José Cortina y el 21 al de Caja Mediterráneo (CAM) Daniel Gil, así como al empresario Bernardo Campos (día 27) y al abogado Jorge Jacobi (28). En esta causa, el fiscal Anticorrupción también considera implicados a la actual alcaldesa de Alicante y a su antecesor Díaz Alperi, ambos del PP, por supuestamente haber dado trato de favor a Ortiz en el PGOU.
No obstante por su condición de diputados en las Corts Valencianes, tanto Sonia Castedo como Luis Díaz Alperi están aforados y, en principio, sólo pueden ser citados a declarar por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana.
