CC OO, la FETE-UGT, y el STEPV, junto al PSPV y EU, rechazaron ayer de forma tajante la primera iniciativa de la Conselleria de Educación, con Jose Císcar al frente, de ceder suelo público para la construcción de centros educativos concertados. Esta medida contempla la construcción de cinco "Centros de Iniciativa Social", colegios de construcción y gestión privada durante 75 años a cambio de un canon (pago a la administración), que se podrán en funcionamiento en 2013-2014.

Vicent Mauri, del STEPV, se declaró totalmente en contra y señaló que lo que se debería hacer es "acabar las escuelas infantiles y colegios que se prometieron en el mapa escolar de 1996". Criticó que en las ciudades más grandes la oferta de plazas públicas es practicamente nula por lo que los padres se ven obligados "a matricular a sus hijos en concertados y privados". Por ello, desde el STEPV se tildó de "inadmisible" esta nueva medida y se apuntó que "el problema no es la falta de recursos sino la mala gestión". "Cuantos institutos y hospitales, más sus respectivos empleos directos, se hubieran conseguido con todo el dinero invertido en grandes eventos", concluyó Mauri.

Por su parte, Luís García, de CC OO, expresó su "total rechazo" a esta iniciativa porque "solo beneficia a las empresas privadas aunque digan trabajar sin ánimo de lucro". García defendió que los valencianos no tendrían que pagar por algo que ya es suyo "como el suelo público" y calificó la medida de "acto magnánimo del Consell con sus votantes". Desde CC OO fueron más allá y justificaron la iniciativa como "una muestra más de la política encubierta de Juan Cotino, presidente de las Corts, por llevar la educación confesional al 50% del alumnado". García añadió que "tanto Cotino como sus seguidores" se aprovechan de los recursos públicos para sus planes privados lo que choca, a su juicio, "con la ideología tan neoliberal que procesan".

FETE-UGT se sumó al rechazo general porque "no atenderá adecuadamente las necesidades actuales" e instó al nuevo conseller a "consensuar su política educativa con los miembros de la comunidad educativa".

El secretario general del PSPV, Jorge Alarte, centró sus críticas en el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, del que dijo que "ha empezado el proceso para acabar con la educación pública valenciana". Por su parte, Lluís Torró de Esquerra Unida acusó al Consell de "expoliar el patrimonio público educativo" y calificó la medida de "barbaridad".

"La ley debe cambiar para que sea rentable"

Guillemo Corbi, expresidente Federación de Centros de Enseñanza privada y concertada de Valencia, se mostró a favor de la iniciativa del Consell porque "satisface una demanda real de la ciudadanía". Según Corbí, "Valencia adolece de plazas concertadas porque muchas familias no quieren llevar a sus hijos a colegios públicos". No obstante, para Corbi hace falta un cambio en la legislación para que estas medidas que ceden suelo público a cambio de la construcción y un canon tengan éxito, "nosotros realizamos una inversión y como empresa privada nos tiene que ser rentable". "Con el canon y la imposibilidad de cobro, a día de hoy, la rentabilidad es imposible" concluyó.