Y a la tercera semana, Rafael Blasco resucitó por enésima vez de entre los políticamente muertos. El síndic del grupo popular en las Corts quedó apeado, el 21 de junio, de un Consell que dio cabida a militantes de la tecnocracia en detrimento de los afiliados a la política.

Tras dos años de turbulencias Gürtel, cuando el presidente se acerca al momento definitivo de su viaje judicial -o se estrella definitivamente o se salva-Camps decidió trasladar la trinchera a las Corts, donde la cúpula del PSPV ya tiene escaño y la izquierda más irreverente (Compromís y EU) se ha consolidado al alza. Tres semanas después, el jefe del Consell ha introducido un cambio legal para convertir al portavoz en las Corts en conseller sin cartera y sin voto, pero con voz en las reuniones de los viernes.

El decreto 82/2011 de 8 de julio consta solamente de dos artículos, con los que se cambia el artículo 14 de la Ley 5/1983 de 30 de diciembre, que ya permitía la presencia en las sesiones del Consell de "personas ajenas al mismo como son los secretarios autonómicos". La nueva disposición, de sólo dos artículos, permite ampliar la presencia de invitados. En el artículo 1 se estipula que podrán asistir "con voz y sin voto, aquellos cargos públicos que sean convocados por el presidente del Consell". En su artículo 2 se establece que obviamente quienes asistan de forma extraordinaria también deberán "guardar secreto del contenido de las sesiones".

Sobre el papel, cualquier cargo público, de la Generalitat o de cualquier otra administración puede participar en los plenos. Pero la medida, sin embargo, se ha adoptado sobre todo para facilitar la coordinación política de la acción del grupo parlamentario popular con la del Gobierno a través de la asistencia de Blasco.

Fuentes del Consell indicaron que, en segundo lugar, el cambio legislativo tiene como finalidad facilitar la entrada de miembros del segundo escalón para que puedan apoyar técnicamente a sus consellers en la defensa de sus propuestas. Así, con la asistencia de los cargos públicos a los que alude el decreto se busca "un mejor asesoramiento del órgano colegiado, en atención a las necesidades del Gobierno", según la propia norma.

Las citadas fuentes de la Generalitat indicaron que se quiere seguir el modelo del Gobierno central, que permite la entrada de los secretarios de Estado en las deliberaciones del Consejo de Ministros. En el caso del Consell, el referido artículo 14 de la ley de 1983 ya permitía la presencia de "personas ajenas al mismo [al Consell] como lo secretarios autonómicos", se apunta en el propio decreto. Sin embargo, en la práctica parece que no se utilizaba esa opción. La consellera portavoz Lola Johnson ya recordó el viernes que la ley permitía la asistencia de los secretarios autonómicos y que ahora que se pretende reforzar el asesoramiento en los plenos.

De León nombrará a los asesores del presidente

La consellera de Presidencia y vicepresidenta del Consell, Paula Sánchez de León, ha asumido las facultades de nombrar y destituir al "personal eventual del Gabinete del Presidente de la Generalitat". Así se estipula en una resolución firmada por Francisco Camps el pasado 27 de junio en la que justifica esa delegación de atribuciones propias del jefe del Consell a la necesidad de "dotar de mayor agilidad a la gestión de los asuntos cuya competencia tiene asignada Presidencia de la Generalitat y de acuerdo con el principio de eficacia".

De esta forma, los asesores de la máxima confianza de Camps dependerán de la firma de quien se ha confirmado como delfín del presidente. Eso sí, en la citada norma se establece que en todos los casos en los que se haga uso de esa delegación "deberá hacerse constar expresamente esta circunstancia en la resolución que se adopte". Esa "subcontrata" de competencias también podrá ser "revocada en cualquier momento"