Para el portavoz del PP en las Corts, Rafael Blasco, la audiencia preliminar que hoy tendrá lugar en el TSJ para resolver si procede abrir juicio oral contra el presidente Francisco Camps por la causa de los trajes del caso Gürtel, es "una simple contingencia". En cambio, la oposición instó al jefe del Consell a dimitir antes de tener que sentarse en el banquillo para no convertirse en "un problema" ante la crisis.
Blasco sostuvo que el acto de hoy es "una incidencia judicial" que para el PP y el Consell es "una simple contingencia" y "un paso más", y se felicitó de que se esté llegando ya "al final de un largo proceso" en el que a su juicio se han ido deshinchado todas las acusaciones. El portavoz del PSPV, Jorge Alarte, reiteró su llamamiento a Camps para que, aunque tiene "toda la legitimidad democrática", reflexione. "Los valencianos no necesitamos un problema más, un presidente pendiente de su agenda judicial y no de los problemas de la sociedad valenciana", aseveró.
"Delincuente en la presidencia"
Enric Morera, criticó que Camps "vuelva a huir", en referencia a su viaje a Bruselas, y consideró que a la vicepresidenta primera, Paula Sánchez de León, "se le van notando unos aires de presidenta de la Generalitat". Ignacio Blanco, de EU, advirtió que, "si resultara condenado y tuviéramos un delincuente, por mucho que el delito se considere menor, en la presidencia, abochornaría a todos los valencianos".
Por otro lado, Alarte intentó ayer colar en la Junta de Portavoces de las Corts una declaración de condena de "los hechos y el sufrimiento al que han sido sometidas, presuntamente, las trabajadoras víctimas de abuso sexual" en Radiotelevisión Valenciana por parte del ex secretario general del ente Vicente Sanz, imputado por este asunto. El presidente, Juan Cotino, no permitió que se debatiera este asunto ya que la cuestión no había sido tramitada previamente y no figuraba en el orden del día, e instó a que no constara en el acta. Alarte, quien criticó la actitud de Cotino, presentó la iniciativa como proposición no de ley. Ésta condena, además de los hechos, también "la inacción de las direcciones de RTVV", así como "la negligencia en la gestión administrativa y laboral del despido" de Sanz, a quien se le puede haber permitido "la impunidad administrativa y la obtención de beneficios".
