Un informático de la empresa Forever Young apuntaló ayer la acusación contra el jefe del Consell, Francisco Camps, por la causa de los trajes al asegurar que le obligaron a manipular la contabilidad para que no apareciera su nombre. Por contra, los peritos de Hacienda y el censor de cuentas propuesto por Camps que declararon en la vistilla previa a la apertura de juicio indicaron que no hay pruebas concluyentes para determinar quién pagó los trajes. El magistrado José Flors debe decidir ahora si abre juicio oral contra Camps y los otros tres acusados. La Fiscalía pide que Camps sea condenado a pagar una multa de 41.250 euros por aceptar regalos de la trama Gürtel. El fiscal solicita la misma multa para el exsecretario general del PPCV Ricardo Costa y para el exjefe de gabinete de la Conselleria de Turismo Rafael Betoret, y reclama 35.000 euros para el exvicepresidente del Consell Víctor Campos.
La vistilla previa arrancó a las 10.00 horas de la mañana con la declaración de los tres peritos, continuó con el interrogatorio de seis testigos —entre ellos el sastre de Camps y el informático— y terminó a última hora de la tarde con las peticiones de las defensas del archivo de la causa y las de las acusaciones de que se abra juicio oral. Los seis testigos que declararon son el informático, la número dos de la tienda, el contable de Orange Market —Cándido Herrero—, y el chófer y el escolta de Camps. Además, testificaron como peritos dos inspectores de Hacienda y el censor de cuentas.
Documentación
La Fiscalía Anticorrupción aportó varios documentos que supuestamente probarían que la contabilidad de Forever Young fue manipulada para sustituir como cliente el nombre del presidente por el de Álvaro Pérez «El Bigotes». El informático de Forever Young Francisco Ferre aseguró que le habían obligado a cambiar los identificadores de los clientes para que los trajes de Camps aparecieran con el número de Álvaro Pérez y que había correos electrónicos de la número dos de la tienda —Raquel Vázquez— con las instrucciones para manipular la contabilidad.
El informático confirmó las supuestas irregularidades a la Fiscalía Anticorrupción, que había abierto una investigación tras una denuncia presentada por el abogado del sastre de Camps, José Tomás.
El abogado de José Tomás —que fue despedido tras saltar el escándalo y declarar que Camps no se pagaba los trajes— aportó en su día los correos, siempre según fuentes próximas al caso, que demostrarían las irregularidades. Los mensajes electrónicos eran entre el informático Francisco Ferre y Raquel Vázquez y acreditarían las ventas que debían ser manipuladas.
Raquel Vázquez, que también declaró ayer, aseguró al juez Flors que no recordaba si hubo órdenes para modificar la contabilidad. La número dos de la tienda afirmó que un pirata informático accedió a su ordenador y le manipuló el correo electrónico.
La manipulación consistió en la sustitución del número de cliente número 394 (correspondiente a Camps) por el 571(vinculado a Álvaro Pérez).
José Tomás, sastre de Camps, ratificó que el jefe del Consell nunca pagó ningún traje e incidió en las supuestas irregularidades contables que realizó la empresa para tratar de exculpar a Camps.
El contable de Orange Market se negó a prestar declaración, aunque manifestó al juez que «no han regalado nada a nadie».
El escolta y el chófer de Camps fueron citados tras pedirlo la defensa del jefe del Consell, que trata de acreditar que siempre paga en metálico. El escolta confirmó que Camps nunca llevaba dinero en efectivo. Además, añadió que lleva ocho años trabajando en la protección de Camps y que antes ya tuvo asignada la vigilancia de Zaplana.
El juez instructor se mostró reacio hace unos meses a tomar declaración en la vistilla de ayer al chófer de Camps porque prestó dinero al jefe del Consell para pagar una chaqueta por la que no está imputado.
Prueba pericial
Los tres peritos ratificaron sus informes y admitieron que no hay pruebas concluyentes que demuestren que las empresas de la trama pagaron los trajes al presidente de la Generalitat. Los dos peritos de Hacienda entregaron su informe el 9 de noviembre de 2010 y el censor de cuentas propuesto por Camps el 19 de enero de 2011.
Los informes de los tres peritos tenían como objeto dictaminar la relación entre los pagos efectuados por la trama Gürtel y las ventas realizadas en los establecimientos Milano y Forever Young.
Los técnicos de Hacienda advirtieron en su informe de que «no pueden ser identificadas las personas que realizaron los pagos». Además, incidieron en que no estaba acreditado que empresas de Correa se hicieron cargo de las facturas de los trajes de Camps y el resto de los acusados.
El informe pericial encargado por el letrado que ejerce la defensa del jefe del Consell ratifica el dictamen elaborado por la Agencia Tributaria. El perito de Camps analizó una a una todas las facturas y la contabilidad aportada por las tiendas Milano y Forever Young. El censor de cuentas llegó a la conclusión de que eran «documentos de dudosa veracidad, otros de dudosa realidad y otros con incoherencias».
Ante las dudas reseñadas en el informe tributario, el perito de Camps añadió más incertidumbre sobre «la veracidad de hojas de encargo a sastrería con aparentes tachaduras y duplicidades». Ante este caos contable, el técnico subrayó en su informe que «se hace difícil poder confiar en los registros contables y documentales disponibles puesto que su mera existencia prueba que son fácilmente manipulables y que existían personas con el nivel de responsabilidad y mando adecuado involucradas en esta trama de falseamiento de documentos».
Tras las declaración de los peritos y los testigos, las partes escucharon seis conversaciones telefónicas entre Álvaro Pérez «El Bigotes» y el exvicepresidente del Consell Víctor Campos. La vistilla concluyó a las 20.25 horas con los alegatos de los abogados defensores, el letrado del PSPV —que ejerce la acusación— y el fiscal. Flors tiene hasta el viernes para decidir si abre juicio oral o archiva el caso.
Tres minutos el alegato de los fiscales y treinta minutos el del PSPV
A la vista asistieron las dos fiscales Anticorrupción que han llevado el caso. Su alegato final duró tres minutos ya que se le limitaron a recordar que los hechos son constitutivos de delito e incidieron en la necesidad de abrir juicio oral. El abogado del PSPV, Virgilio Latorre, utilizó treinta minutos para exponer sus argumentos. La acción popular, ejercida por el PSPV-PSOE, mantiene la petición de tres años de prisión y ocho de inhabilitación para el president de la Generalitat, aunque también reclama alternativamente una pena de multa, según recordaron fuentes jurídicas.
Al concluir la vistilla, el abogado de Rafael Betoret, Ignacio Peláez, aseguró que las acusaciones «no han aportado ningún elemento incriminatorio» en esta sesión para mantener sus imputaciones. Por el contrario, considera que el asunto «está mejor que antes» para las defensas, ya que la declaración de los peritos, según dice, no ha acreditado que las prendas de vestir las abonaran las sociedades vinculadas a la supuesta trama corrupta.
La instrucción ha durado dos años. La causa recayó en Flors en 2009, después de que el Baltasar Garzón se inhibiera en favor de los tribunales valencianos, y en agosto de ese mismo año la Sala de lo Civil y Penal del TSJCV, encabezada por el entonces presidente, Juan Luis de la Rúa, decretó el sobreseimiento. Sin embargo, en mayo de 2010, el Supremo anuló la decisión del TSJCV y ordenó que se reanudara la investigación. Levante-emv/efe valencia
