Rus impulsa un plan para que miles de casas ilegales paguen el IBI a los ayuntamientos

La firma pública Imelsa hace una radiografía aérea del territorio y firma un convenio con Catastro para que los alcaldes puedan dar de alta viviendas fantasma en tiempo récord - La diputación tendrá una nueva área de estrategias de ayuda a las economías municipales

 

FRANCESC ARABÍ VALENCIA Las reformas de viviendas en la construcción resultan siempre imprevisibles. Se empieza por abordar el remiendo de dos tejas en una casita de cuatro por cuatro para aperos de labranza y el cubierto agrícola acaba convirtiéndose en una mansión con diez dormitorios, dos cocinas y cuatro baños. Con esa ejecutoria han proliferado como champiñones muchas viviendas ilegales en la Comunitat Valenciana. A menudo, en suelo rústico. En ocasiones han brotado incluso urbanizaciones enteras fantasma. La negligencia de las instituciones desde la década de los sesenta o la permisividad en los años del boom inmobiliario alimentaron las construcciones fuera de ordenación, que han llevado recientemente a más de un alcalde (Montroy, Llíber o Catral son sólo tres ejemplos) a los tribunales o a la cárcel acusados de delitos de presunta corrupción como la prevaricación.

Para los municipios cada casa invisible o cuyas dimensiones reales no han sido declaradas es una ocasión que se pierde de recaudar. Y eso, en tiempos en los que las arcas municipales están tiesas por el déficit de financiación local, agudizado por la crisis, resulta un lujo prohibitivo. Con vistas a que esa economía sumergida de la contribución aflore, el presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, está impulsando un plan con el que quiere ayudar a los alcaldes a controlar todo el parque de viviendas de su término municipal para que nadie escape a la obligación de tributar. «Que los ayuntamientos tengan los instrumentos para saber qué vecinos pagan y cuáles no al no dar de alta sus viviendas», explicó Rus en el pleno provincial.

Pago retroactivo hasta 4 años
La diputación, a través de la empresa pública Impulso Económico Local (Imelsa), lleva casi tres años elaborando una auditoría catastral de todo el territorio de la provincia de Valencia. Se trata, según fuentes de la diputación, de una pormenorizada radiografía topográfica, en buena medida realizada con medios aéreos, que el próximo miércoles será entregada a los alcaldes y secretarios en una reunión en la sede provincial. Los técnicos de cada consistorio podrán cotejar ese material con el propio para confirmar o detectar las viviendas que no pagan el IBI que toca. Pero, sobre todo, tendrán la posibilidad de que el catastro reconozca esa nueva realidad, un paso necesario para que se pueda girar el recibo, incluso con efectos retroactivos hasta cuatro años como marca la ley. El convenio firmado por Imelsa con la Gerencia del Catastro —aprobado hace unos meses por el consejo de administración de la sociedad que dirige Marcos Benavent— permitirá acelerar los trámites, que, de otra forma, pueden prolongarse meses y hasta dos años. Desde la diputación explicaron ayer que en la reunión de la próxima semana se dará a conocer a los alcaldes el procedimiento concreto para que Imelsa valide las nuevas construcciones.

Saber cuántas casas ilegales no localizadas existen resulta imposible hasta que cada consistorio no las cense. Como botón de muestra de la magnitud del problema basta decir que un estudio de la Universitat de València realizado en los noventa cifraba en 28.415 las residencias ilegales construidas en el Camp de Túria y Los Serranos. En municipios de l´Horta como Albalat dels Tarongers hay casi 2.000 viviendas fuera de ordenamiento, casi el doble que los 1.100 habitantes censados.

En Montroy, se contabilizan un millar y en la vecina Montserrat, entre 2.000 y 5.000, según el concejal o partido que las cuente. Son algunas de la cifras de un desmán que en raras ocasiones ha tropezado con expedientes de infracción urbanística, que casi siempre se han sustanciado en meras sanciones económicas y contadas veces con demoliciones. Entre otras razones porque la ley impide generalmente los derribos pasados cuatro años.

En el marco de su apuesta política de ayuda a los ayuntamientos escenificada el martes ante siete consellers —anunció que dará a los municipios 5 millones para que paguen facturas— Rus ha creado la nueva área de Planes Estratégicos, al frente de la cual ha puesto al alcalde de Cullera, Ernesto Sanjuán. Se pretende «optimizar los recursos municipales y aliviar el gasto corriente municipal», según Rus.

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