Los problemas que conlleva para Francisco Camps la apertura de juicio oral por haber aceptado supuestamente regalos de la trama Gürtel no sólo son de tipo judicial y político. La decisión del magistrado José Flors también pone al jefe del Consell en un apuro económico, ya que el juez ha ordenado que Camps -al igual que otros dos acusados en la causa de los trajes: el exsecretario general del PPCV, Ricardo Costa, y el exjefe de Gabinete de la Conselleria de Turismo, Rafael Betoret- deposite una fianza de 55.000 euros. Y a la vista de los problemas de liquidez que se desprenden de la declaración de bienes que presentó en las Corts, el presidente no tiene suficiente para pagar por sus propios medios.

Según la información aportada a la cámara autonómica, actualmente Camps cuenta con poco más de 4.000 euros repartidos en dos cuentas: 2.796 en una a su nombre y otros 1.215 en la que comparte con su mujer. A ello se suma un plan de pensiones (8.329 euros) y un vehículo marca Saab de 1995 valorado en 1.300 euros. 13.600 euros en total. Al margen de este patrimonio de bienes no inmuebles, el jefe del Consell cuenta con un piso compartido con su mujer, cuyo 50% del valor catastral es 55.721 euros.

Y hasta ahí llega la declaración patrimonial del presidente, que cuenta con un salario en 2011 de 67.615 euros. Partiendo de estos recursos, el líder del PPCV deberá reunir en los próximos días los 55.000 euros que el juez Flors ha ordenado que se depositen como fianza. Dado que no se trata de una fianza carcelaria sino de una garantía para asegurar el pago de la multa en caso de condena, nunca se podría acordar prisión provisional en caso de no depositarla. Eso sí, el presidente podría ver sus bienes embargados si no adelanta el dinero.

Cabe recordar que la Fiscalía pide que Camps sea condenado a pagar una multa de 41.250 euros por aceptar presuntamente prendas de ropa por valor de 14.021 euros. Un delito de cohecho pasivo impropio que sólo contempla multas: ni prisión ni inhabilitación.

Con todo, tanto la fianza como su elevada cantidad (es la suma de la multa que pide la Fiscalía, 41.250 euros, más un tercio) han generado cierta sorpresa en círculos jurídicos, que ayer la calificaban de "rara" o "relativamente alta".

Según fuentes expertas en Derecho Procesal, no siempre se impone fianza en este tipo de delito, aunque se ha pedido más de una vez y el Tribunal Supremo lo avala. Hace unos años, recordaron las mismas fuentes, el juez impuso al presidente de Telefónica, César Alierta, una fianza de casi 5 millones para asegurar las responsabilidades pecuniarias en el proceso por presunto delito de utilización de información privilegiada en la compra de acciones de Tabacalera, de la que Alierta fue presidente.