El exsecretario general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) Vicente Sanz se ha acogido al derecho de no declarar y ha prestado una fianza por valor de 30.000 euros para cubrir responsabilidades civiles en caso de condena, por medio de un aval de unos campos de naranjos que tiene en Nules (Castelló).

Vicente Sanz ha acudido hoy al Juzgado de Instrucción número 1 de Paterna, que, tras practicar una declaración indagatoria, ha dictado un auto de procesamiento contra él por un supuesto delito de abuso sexual a tres periodistas de Canal 9 que le denunciaron el año pasado.

Sanz ha llegado minutos antes de las diez de la mañana al juzgado acompañado por su abogado, Raúl Pardo Geijo, y aunque no ha hecho declaraciones a los medios de comunicación sólo ha contestado con un "muy bien" a las preguntas que le hacían los periodistas.

María Cuéllar, abogada de la acusación popular por Intersindical Valenciana, ha informado que Sanz no se ha ratificado en la declaración prestada en la fase de instrucción, cuando dijo que los contactos sexuales que había mantenido con las trabajadoras del ente eran consentidos.

"En este caso no se ha querido ratificar en esos pronunciamientos porque entendemos que la defensa va por otro camino que no sabemos tampoco cual va a ser", ha agregado Cuéllar, quien ha indicado que Sanz ha recurrido el auto de procesamiento pero no se ha resuelto aún.

El ex secretario general de RTVV ha cubierto con el aval de unas tierras, con un valor catastral de 38.000 euros, la fianza de 30.000 euros para asegurar la responsabilidad civil que se pueda derivar del proceso.

María Cuéllar, que ha señalado que durante la declaración indagatoria Vicente Sanz ha estado "muy tranquilo", ha indicado que de momento no se conoce la fecha para la celebración del juicio por este caso.

Vicente Sanz está imputado por un delito de abusos sexuales, para el que el Código Penal contempla penas de prisión de hasta diez años, según ha explicado la abogada de Intersindical Valenciana.

Por su parte, Salud Alcover, delegada sindical de Intersindical Valenciana en RTVV, sindicato que está personado como acusación popular, ha denunciado que la dirección del ente autonómico "no ha estado a la altura de las circunstancias".

Según Alcover, en el último año y medio el director general de RTVV, José López Jaraba, "no ha descolgado el teléfono para hablar con las tres trabajadoras, no se ha puesto en contacto con ellas ni siquiera para preguntarles como están. Es un acto que revela su escasa humanidad, porque lo están pasando muy mal".

"Queremos estar al lado de las tres trabajadoras que han tenido el valor de dar un paso al frente y denunciar a Sanz por un comportamiento que consideramos tan indigno", ha señalado Alcover, quien ha agregado que la dirección de RTVV "no ha tenido un comportamiento demasiado claro en este asunto".

Según ha explicado, "no se ha abierto un expediente disciplinario en tiempo y forma al señor Sanz, ni una investigación interna para saber quien por acción o por omisión, con su silencio o su complicidad, pudo contribuir a conocer estos delitos y no actuar de forma directa".

"Hay tres trabajadoras que han tenido el enorme valor de dar este paso, porque el caso Sanz no es el de un delincuente sexual que abusa de tres trabajadoras, sino el de tres trabajadoras que tienen el enorme valor de levantarse un día, mirarse al espejo, decir no, y a partir de ese momento perderlo todo para permitirse solo el pequeño lujo de la dignidad. Esa es la historia de RTVV", ha concluido.

No denunciaron antes por miedo

Las tres periodistas denunciaron a Sanz en febrero del año pasado por presuntas vejaciones y situaciones de abuso de poder, una situación que remitían a 2007, aunque no formalizaron su denuncia antes por miedo, según su declaración. En el mes de marzo prestaron declaración en el juzgado, donde el día 16 declaró Sanz, quien se limitó a contestar con un "sí" a las preguntas de los medios sobre si tenía la conciencia tranquila.

Sanz ocupaba un cargo en RTVV desde 1995; fue presidente del PP en Valencia entre 1993 y 1994, presidencia que dejó tras divulgarse una grabación en la que decía que estaba en política para "forrarse", que le fue grabada a propósito de la adjudicación supuestamente irregular de los mapas sonoro y verde de Benidorm (Alicante) a una empresa.