Caso Gürtel

Camps cede ante Rajoy y pagará por los trajes

El presidente, forzado por Génova, está dispuesto a asumir la culpa para esquivar el juicio y gobernar con antecedentes penales - Trillo se reunió en secreto con el jefe del Consell para convencerlo - El PP contacta con el TSJCV para garantizar la viabilidad de la maniobra

 14:19  
Trillo y Camps, en la cena del PP del inicio de curso político en el verano de 2010.
Trillo y Camps, en la cena del PP del inicio de curso político en el verano de 2010. EFE/Rubén Francés

JUANJO GARCÍA GÓMEZ VALENCIA «Tengo una ganas locas, locas de explicarme. A nadie debo nada, ni nadie me debe nada porque no hay nada de nada». Los deseos del presidente Francisco Camps, expresados en las Corts el 30 de abril de 2009, de defender su inocencia en sede judicial ante la acusación de que la trama Gürtel le regaló trajes y otras prendas de vestir —por valor de 14.000 euros— se han trocado en reconocimiento de culpabilidad. Camps está dispuesto a ceder a las presiones de Mariano Rajoy y todo apunta a que ayer aceptó pagar la multa máxima —la que pide la acusación popular, el PSPV, 49.500 euros— con el fin de esquivar la vista por un delito de cohecho pasivo impropio en la causa de los trajes por la que, con toda probabilidad, iba a ser juzgado en otoño por un tribunal popular. El abono conlleva la asunción de los hechos —esto es, la comisión de un delito— y, aunque el PP vista la decisión en aras a la estabilidad de la C. Valenciana y para no dañar al partido, el reconocimiento de que Camps mintió a la Corts. El jefe del Consell se habría convencido al fin, tras las presiones de Madrid y parte del PP valenciano, de que pagar es políticamente la mejor opción para el partido a nivel nacional aunque sigue empeñado en su inocencia.

No obstante, el «molt honorable» sabe que quedará con antecedentes penales. Será así el primer presidente autonómico en el cargo condenado. La dirección nacional ejerció sobre Camps una presión asfixiante, con la amenaza de retirarle el apoyo si no tomaba la decisión que permite poner fin al procedimiento, una exigencia de Génova para que este caso no erosione la campaña de Rajoy a las generales. Máxime, teniendo en cuenta que las previsiones eran que el juicio se celebre en octubre-noviembre, en las fechas en las que es posible que haya elecciones, si se adelantan.

Desde que el viernes se hizo público el auto del juez Flors que ordena la apertura de juicio contra Camps, el exnúmero dos del PPCV Ricardo Costa, el exvicepresidente del Consell Víctor Campos y el exjefe de gabinete de Turismo Rafael Betoret, la calma chicha en el PP —ni Rajoy ni la dirección nacional se pronunciaron sobre la situación del jefe del Consell, sin agenda oficial desde entonces— escondía la tormenta de presiones para que el titular de la Generalitat hiciera lo que más conviene a Génova, aunque él quede políticamente muy debilitado. La nueva posición de Camps rompe con toda la línea argumental que ha mantenido en los más de dos años en que ha durado el proceso, en los que ha sostenido que se pagó sus trajes. Las presiones estuvieron a punto de cuajar el lunes por la tarde, pero bien porque Camps mantuvo el pulso, bien porque había que atar la salida con el TSJCV y con el resto de implicados, no llegó a cerrarse entonces.

Para asegurarse de ello, ayer viajó a Valencia, enviado por Rajoy, el coordinador de Justicia del PP, Federico Trillo. Éste se reunió en secreto con Camps y con el presidente de las Corts, Juan Cotino, para examinar los distintos escenarios en caso de una sentencia de conformidad y, en todo caso, asegurarse de que el jefe del Consell hacía lo necesario para parar el proceso, esto es, asumir la culpa y pagar. En contacto con los asistentes o bien físicamente estuvo el conseller de Justicia, Jorge Cabré, quien hizo de puente con magistrados del TSJCV para negociar las condiciones de la conformidad. En concreto, para obtener garantías en aspectos como que, aunque no es la norma general, se sacará del caso a Camps aunque alguno de los acusados —en este caso, Costa— no acepte la culpa o que el juez no haga comparecer personalmente al jefe del Consell para ratificar la conformidad, con lo que no se evitaría una nueva foto ante los juzgados.

Cuestión de confianza
Con todo, las presiones a Camps no le han venido sólo de Génova. La alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, ha confesado en privado su contrariedad ante el hecho de que un presidente de la Generalitat llegara a sentarse en el banquillo, algo que políticamente no veía aceptable. Por eso Barberá, que hizo una encendida defensa de Camps, es de los que piensan que debe actuar para evitar esa foto. El presidente de la Diputación de Valencia, Alfonso Rus, es de la misma opinión.

En los cinco días desde que se difundió el auto lo que ha quedado claro es que a Génova no le importa la precaria situación en que deja a Camps. Tan es así que una de las opciones que llegaron a barajarse es la de que éste dejara temporalmente la presidencia, delegando en la vicepresidenta Paula Sánchez de León para recuperar después el cargo si el tribunal lo absolvía. Sin embargo, fuentes de Génova citadas por Efe consideraban ayer esta hipótesis de dimisión o delegación «casi descartada».

Para intentar convencer a Camps, Génova le dio garantías de que, una vez fuera del proceso o cerrado éste y con las vacaciones de verano por delante, mediáticamente el asunto es reconducible. Entre las opciones barajadas se apuntaba la posibilidad de que el presidente se someta a una cuestión de confianza en las Corts para reafirmarlo en la presidencia. Incluso se hablaba de la posibilidad de que el jefe del Consell encargue acto seguido una encuesta para medir si sigue recibiendo el apoyo mayoritario de los valencianos: si así fuera, el presidente iniciaría en septiembre el próximo curso político con «una exhibición de apoyo popular». Con todo, dirigentes del PP no ocultaban su temor de que ésta sea la historia de una dimisión en dos etapas, ya que, pese a los mensajes de Génova va a ser muy complicado que Rajoy mantenga un discurso frente al PSOE en cuestiones como el caso Faisán cuando apuntala a un presidente con antecedentes penales.

Camps retoma hoy la agenda
Ayer, fuentes del PP aseguraban que la salida no sólo tenía el visto bueno del TSJ sino también del PSPV, que habría aceptado rebajar la multa. Sin embargo, la ejecutiva socialista emitió una nota en la que aseguró que «ni ahora ni nunca transaccionaremos o negociaremos para favorecer que eludan sus responsabilidades o, en su caso, se reduzcan las penas de quienes hubieran cometido o confiesen haber cometido delitos de corrupción». Esto es, que no rebajarán un euro.

De momento, el presidente retomará hoy su agenda. Camps tiene previsto asistir a las 12 horas al acto de conmemoración de la instalación del contador inteligente número 90.000 de Iberdrola, que se celebrará en el salón del plenos del Ayuntamiento de Castelló. A las 10.30 hay pleno de las Corts sobre el Corredor Mediterráneo pero no se sabe si Camps acudirá al no tener agenda oficial.

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