La salida impuesta por Génova a través del enviado Federico Trillo a Camps tiene un escollo importante: la resistencia del exsecretario general del PPCV y diputado autonómico, Ricardo Costa, a reconocer la culpa y pagar la multa. Para llegar a una sentencia de conformidad en principio es necesario que todos los implicados —además del jefe del Consell, Costa, Campos y Betoret— se allanen. Precisamente, ésta es una de las cuestiones que dirigentes del PP habrían intentado negociar ayer, supuestamente con éxito, en el TSJCV. Esto es, que se acepte que si Camps admite la culpa se le pueda sacar del proceso aunque el juicio con jurado siga adelante.

Pero, cuestión técnica al margen, el problema es también político. Si el juicio sigue adelante, parte de la erosión mediática que pretende esquivar Génova a toda costa será inevitable. Y además, si el jefe del Consell presenta su allanamiento como un sacrificio para evitar la erosión al PP que se derivaría de un juicio pero que sigue considerándose inocente, una eventual condena echaría por tierra la última de las construcciones argumentales.

Fuentes del PP consideran que otros dos acusados, Víctor Campos, alejado de la política, y Betoret, jefe de Protocolo de la Diputación de Valencia, también estarían por la labor de asumir la culpa y poner fin al proceso. La situación de Costa es muy diferente. Éste era el mejor situado de los cuatro implicados al no ocupar puesto en la Administración y no otorgar contratos públicos, sino que sólo daba los del PP.

Montero también salvó a Costa

No en balde, tras el archivo inicial de la causa en el TSJCV, el juez Juan Montero hizo un voto particular al pedir, al contrario que los otros dos magistrados (el presidente Juan Luis de la Rúa y José Francisco Ceres), que no se archivara la causa. Salvo para el caso de Costa, ya que su cargo era del partido. Pasó por alto su condición de diputado. La sentencia de conformidad de Camps arrastraría al resto de implicados, ya que se constituye en una prueba más contra éstos. Pero además, Costa está afectado por la causa sobre la presunta financiación irregular del PP. Afrontar este procedimiento con la «mochila» de una aceptación de la culpa en los trajes y con antecedentes penales agravaría su situación. Tan es así que, en caso de condena, podría llevarle a la cárcel. Fuentes populares se mostraron ayer seguras de que al final convencerán a Costa. En caso contrario, sería la segunda vez que el exnúmero dos dice no a Génova.

En general, los afectados por la causa de la financiación ven complicada su situación. Además de Costa, el exvicepresidente Vicente Rambla o la extitular de las Corts Milagrosa Martínez.