Los funcionarios de la Generalitat están de mudanzas. La remodelación de las conselleries que acometió el dimitido presidente Francisco Camps tras las elecciones del 22 de mayo ha ido acompañada de cambios de ubicación en distintas instituciones autonómicas. Aunque el objetivo principal que se persigue con esta medida es reducir el gasto público los desplazamientos no se están haciendo de la forma más austera. La dirección general de Patrimonio Cultural, que se trasladó a unas oficinas de la Ciudad Ros Casares a principios del mes de junio, cambiará de nuevo su ubicación y se instalará ahora en el monasterio de San Miguel de los Reyes, donde ya se encuentran otras áreas de la administración de Cultura. Por otro lado, la semana pasada ya se hacía público que la dirección general de Modernización -que se desplazó conjuntamente con Patrimonio a Ros Casares- volvía al centro de la ciudad, a un edificio de la calle Micalet donde se ubica la sede del departamento de Administraciones Públicas.

De la calle Micalet a donde llega Modernización se va la Conselleria de Justicia, que a partir de esta legislatura está integrada en Bienestar Social y por ahora compartirá sede con este área en el paseo de la Alameda. Según la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF) los reglamentos de las conselleries aún no se han hechos públicos y los funcionarios que trabajan en los organismos donde ha habido cambios están a la espera de conocer su ubicación definitiva. La situación de incertidumbre se agrava ahora con la llegada de Alberto Fabra a la presidencia de la Generalitat, ya que podría introducir cambios en los planes de Camps, aún en ejecución. El nuevo Complejo Administrativo 9 d'Octubre debería ser el destino de muchos funcionarios cuando terminen las obras.

Protestas de los sindicatos

La decisión de trasladar a las oficinas de la Ciudad Ros Casares la direcciones generales de Modernización y Patrimonio Cultural provocó las quejas de trabajadores y sindicatos, que consideraban que las oficinas no estaban en condiciones para acoger los servicios públicos y que el nuevo emplazamiento resultaba de difícil acceso para los ciudadanos. Además, Intersindical Valenciana denunció que el cambio era ilegal porque al estar las oficinas ubicadas en término de Xirivella se debería haber negociado el desplazamiento con los sindicatos.

El traslado repentino hace suponer que, como aseguraban los sindicatos -que ahora se muestran indignados por el trastorno que producen los cambios-, las oficinas de Ros Casares no resultaban aptas para albergar los servicios de la Generalitat. Respecto al traslado de Patrimonio, fuentes de la Conselleria de Turismo y Cultura han declarado que el nuevo emplazamiento responde a "una unificación de espacios y maximización de recursos". En este sentido, resulta contradictorio que no se decidiera ya hace dos meses realizar la mudanza hacia San Miguel de los Reyes.

Cambios a locales con un alquiler más bajo

Muchas instituciones de la Generalitat están abandonando locales con alquileres altos por otros emplazamientos con rentas más bajas. Las direcciones generales de Patrimonio y Modernización dejaron edificios del centro de Valencia para ocupar las oficinas de Ros Casares, con un alquiler mucho más económico. Antes de la remodelación del Consell tras las elecciones ya cambiaron de ubicación por estos motivos las oficinas del Institut Valencià de la Joventut (IVAJ), que abandonó tras 22 años la calle Hospital y se mudó a Guillem de Castro. Con el IVAJ se trasladó también la oficina de atención a dependientes, en el que fue su segundo traslado en cuatro meses.