Recortes en Educación, Sanidad, liberados y universidades para ahorrar 680 millones

El Consell, que asegura que las «prestaciones básicas» no se verán afectadas, anuncia «racionalización» de profesores, eliminación del servicio de orientación al paciente en urgencias de hospitales y la amortización de 704 puestos de funcionarios vacantes o que se jubilan

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JUANJO GARCÍA GÓMEZ, VALENCIA El Consell de Alberto Fabra se estrenó ayer, en su primera reunión ejecutiva, con un plan de austeridad que prevé ahorrar 680 millones y que incluye medidas que afectan a Sanidad, Educación, universidades y a la plantilla de funcionarios del Consell, aunque, según recalcó el conseller de Hacienda, José Manuel Vela, no supondrán merma en la «prestación de servicios públicos básicos». Vela, quien compareció tras el pleno del Consell, desgranó doce puntos que implican «sacar la tijera» en unos casos o «apagar el interruptor». Entre ellos se incluye la «reestructuración» de la plantilla de Administración con la amortización de 704 puestos, así como el inicio de los trámites para reducir hasta en un 22% el número de liberados sindicales, que deberán reincorporarse a su lugar de trabajo.

La supresión de plazas de funcionarios no implicará despidos, ya que la mayoría, 456, está vacante y el resto, 248, se produce por la jubilación de sus titulares (89) o por la denegación de la prórroga del servicio al cumplir los 65 años (159). El ahorro previsto será de 25 millones, 8 este año. Sobre los liberados en la Administración y en las empresas, cuyo número se reducirá a las «estrictas exigencias de la ley», el conseller indicó que se negociará con los sindicatos la revisión de acuerdos como el que aprobó «el anterior Gobierno socialista el 19 de julio de 1995». Hasta un 22% de representantes sindicales con dispensa total de asistencia al trabajo deberá reincorporarse. El Consell quiere reducir el tiempo retribuido para funciones sindicales y nombramiento de delegados sindicales.

«El loro come mucho chocolate»
Vela señaló que, aunque pueda pensarse que el recorte en liberados (6 millones anuales, 2 en el último cuatrimestre de este año, cuando esté en vigor) «es el chocolate del loro, es que el loro come mucho chocolate». «En una Comunidad con tanta gente que quiere trabajar y no puede, toca esta medida», aseveró.

El titular de Hacienda no descartó ERE ni privatizaciones en las empresas públicas y señaló que la decisión, en uno u otro sentido, se tomará en septiembre. Pero dejó claro su criterio: «Los ciudadanos quieren servicios de calidad y les da exactamente igual quién los presta». Junto a estas medidas anunció otras de «ahorro» en Sanidad y Educación que, insistió, no conllevarán como en Cataluña «recorte en los servicios», ya que, «en la Comunitat no tenemos embajadas que mantener». En Sanidad se pretende reducir 69 millones con las prótesis, la revisión de historiales farmacoterapéuticos, la supresión de los servicios de información al paciente en las puertas de urgencias de los hospitales (ahora prestado por empresas externas), reducción del precio de los conciertos y la prescripción de medicamentos genéricos. Vela no aclaró si habrá que pagar más por prótesis y tratamientos. «Pregúntenle al conseller», señaló. Además, pretende rebajar la factura farmacéutica entre 215 y 260 millones.

En Educación se anuncia una «reordenación y racionalización de plantillas de personal docente de centros públicos no universitarios», que no aclaró si conllevará supresión de plazas de maestros. La conselleria aseguró después que no, ni de docentes ni de otro tipo, y que se trata de una reordenación de efectivos. La duda entonces es cuál es el ahorro, si no se prescinde de nadie. Vela también habló de la reducción de los gastos de funcionamiento del programa de ordenación educativa y de 50 asesores de los centros de formación del profesorado. El ahorro previsto es de 19 millones.

Las universidades también verán mermados sus ingresos previstos en los presupuestos de este año, aunque Vela aseguró que lo ha pactado con los rectores. En concreto, compromisos para inversiones y fondos para compensar determinados gastos, por 132 millones, se aplazan para «algún ejercicio futuro».

Apagado de luces en los edificios
La implantación y puesta en marcha de la Junta Central de Compras para la adquisición centralizada de material de oficina, ofimático, transporte u hospedería permitirá ahorrar 5 millones. Además, en materia energética, se fijarán horarios de apagado de luces, ordenadores y climatización, la utilización de bombillas de bajo consumo. El resto de medidas ya están en marcha, como la reducción de altos cargos y asesores —«este es el primer ERE»,dijo— o el recorte del 30 % en las inversiones y transferencias (173 millones). Vela explicó que se han visto obligados a aprobar este plan por la negativa del Gobierno a anticipar los 635 millones del Fondo de Competitividad. «Un atraco», se quejó. Los 680 millones forman parte de la reducción de gasto respecto a 2010 de 1.800 millones, que ayer elevó a 1.900.

Toma el control del gasto del sector público y crea una «policía económica»
El conseller de Hacienda dejó para el final una medida que, «aunque no cuesta dinero, es de vital importancia». El Ejecutivo acordó acometer las reformas legales para que la Intervención General tenga el control previo —y no a posteriori, como ahora— del gasto en el macrosector público valenciano, la madre del cordero de los agujeros en las cuentas de la Administración autonómica. Además, va a crear una nueva Unidad de Intervención, que será «itinerante», para hacer controles sorpresa cuando se detecten problemas. Para ello, se le dan galones de Secretario Autonómico al Interventor, ahora director general, los mismos que ostenta la Abogacía General de la Generalitat.

Según explicó, «con el alcance y la extensión» que se fijarán en el reglamento posterior, se implantará un control previo sobre los actos de las entidades, fundaciones y empresas públicas, «como si se tratara de una conselleria». Hasta ahora, la revisión posterior propiciaba excesos que al detectarlos ya no tenían marcha atrás. El Consell toma así el control del gasto desbocado del sector público.

La nueva Unidad de Intervención ejercerá de «policía económica» para controlar la gestión de determinadas áreas de las conselleries o de las empresas y fundaciones. Como ejemplo indicó que podrá «fiscalizar el turno de oficio, la actuación en colegios e institutos o los conciertos sanitarios». Donde se detecten «desajustes» o «debilidades», allí se irá.

Vela confesó que durante agosto trabajará con el conseller de Economía, Enrique Verdeguer, para diseñar el Plan de Reordenación del Sector Público Empresarial, paralelo al plan de austeridad, que se presentará en septiembre. Ahí se decidirá el futuro de las empresas y fundaciones y, en las que sobrevivan al ajuste, se meterá la tijera. Entre las afectadas, RTVV. También habrá medidas sobre los grandes eventos, aunque defendió la Fórmula 1. «Todo está en estudio», remató.

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