El primer plan de austeridad del Consell que pretende ahorrar 680 millones ha sido recibido de forma desigual entre los sindicatos. Levante-EMV ya informó ayer del rechazo de CC OO y FETE-UGT a la nuevas medidas, rechazo al que se ha sumado Intersindical Valenciana. «No podemos realizar una crítica completa porque no sabemos aún las cifras exactas, sin embargo, algunas de las medidas en Educación y en Administración son contradictorias con lo que hasta ahora proclamaba el Consell», defiende Adel Francés, de Intersindical.
Francés explica que esta «contradicción» se puede ver en la medida de reducir 50 asesores de los Centros de Formación del Profesorado. «Las plazas suprimidas no son de asesores, son profesores en comisión de servicio que forman a compañeros así que si los eliminan lo que están haciendo es cerrar los centros formativos». Según Intersindical la aprobación de esta medida imposibilitará que los profesores se reciclen y consigan afrontar el modelo trilingüe por el que apuesta el mismo Consell. No obstante, lo que más preocupa a Intersindical es la dramática situación que se va a vivir en unos meses, «El número de estudiantes cada vez es mayor, ya no solo porque haya más niños sino porque muchos alumnos que dejaron la enseñanza cuando había trabajo están volviendo a acabar sus estudios o a empezar un ciclo de Formación Profesional». Este aumento de la demanda debería ir acompañado por una mayor inversión en Educación al ser la única vía viable para salir de la crisis, apunta Francés.
Adel Francés, como presidente de la junta de personal de los Servicios Centrales de la Generalitat, reprocha, además, otras medidas del plan como la supresión de puestos por jubilación o el tímido recorte de asesores del Consell.
Sin embargo, no son todo críticas al nuevo plan. Francés celebra las medidas para reducir el gasto farmacéutico y tiende la mano al nuevo Consell en la próxima mesa general de negociación, que tendrá lugar mañana, para realizar una reordenación de la Administración de manera conjunta. «Es comprensible que en algunas consellerias sobre funcionariado pero hay otras, como en Justicia, donde la falta de personal es inadmisible. Por ello, se pueden hacer traspasos sin tener que eliminar plazas», defiende Francés. Así, desde Intersindical proponen al Consell algunas medidas de ahorro como la sustitución de las asistencias técnicas, realizadas por empresas privadas, por empleados públicos con el fin de aprovechar y rentabilizar los recursos de la administración.
No todo son reproches
El Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV) ha aplaudido los cambios en el ámbito de Sanidad y pide, al mismo tiempo, mayor capacidad de decisión para los profesionales para ser más eficientes.
Andrés Cánovas, portavoz del sindicato, afirma que el nuevo programa de racionalización de las prótesis era «necesario». «Hasta ahora éramos los únicos de Europa donde la seguridad social te pagaba la prótesis que quisieras y eso era un gasto inasumible. Lo normal es pagar la básica y quien quiera una mejor que se la pague», explica Cánovas. Sobre la revisión de historiales farmacoterapéuticos confiesa que va ser una tarea complicada dadas las características de la población, cada vez más envejecida, aunque «ayudaría una mayor coordinación entre la atención primaria y la de especialidades al tiempo que se debería ceder un mayor protagonismo por la primera a fin de descongestionar los servicios especializados», defiende Cánovas.
La apuesta por los genéricos es lo que menos ha gustado dado que «su uso no implica un ahorro real», explican desde CESM-CV. Cada medicamento tiene unas cualidades farmacodinámicas y farmacocinéticas que pueden afectar de una u otra manera al enfermo. Por ello, «no depende de usar genéricos o no, sino de un fármaco en concreto u otro», afirma Cánovas.Respecto a la supresión de los puntos de información en urgencias, Cánovas se ha inclinado por implantar una mayor capacidad de decisión en los puestos de urgencias de atención primaria como alternativa y añade que «descongestionaría», además, los servicios de los hospitales.
Sin embargo, desde CESM-CV piden al Consell que para los próximos recortes se sienten a negociar porque «ni la calidad, ni el numero de profesionales» se deben ver afectados ya que «estamos bajo mínimos», confiesa Cánovas.
PSPV, Compromís y EU critican los recortes en Sanidad y Educación
La oposición en bloque se lanzó ayer contra el plan de austeridad presentado por el conseller de Hacienda, José Manuel Vela. El PSPV calificó de «extraordinariamente grave» el recorte de gasto, sobre todo, en las áreas de Sanidad y Educación y criticó que el plan «deje para septiembre lo más importante: el saneamiento del sector empresarial y fundacional de la Generalitat y la reducción de sus organismo», apuntó el portavoz de Economía y Hacienda de los socialistas, Julián López. Por ello, el diputado socialista pidió al nuevo jefe del Consell que «no se esconda y dé la cara para que los valencianos y valencianas sepan qué es lo que ha anunciado su conseller». En este sentido, pidió a la Generalitat más detalles sobre el alcance de las medidas.
Por su parte, desde Compromís, Mireia Mollà protestó por las nuevas medidas de ahorro porque no actúan contra «la externalización de servicios, los sobrecostes y los fastos improductivos». Asimismo, Mollà que estas tres cuestiones apuntadas son «las claves que explican la desastrosa situación económica de la Generalitat» y sugirió al Consell «que tendría que haber empezado su plan de austeridad haciendo recortes a la sangría que suponen las asistencias técnicas, que es la mitad de la partida del presupuesto consignada a hacer frente a la externalización de servicios».
En la misma línea, Ignacio Blanco, portavoz adjunto de Esquerra Unida, criticó la medidas anunciadas por Vela porque «afectan directamente los servicios públicos más básicos, como la sanidad y la enseñanza. La derecha recorta siempre por el lado social en lugar de gravar fiscalmente los beneficios y las rentas más altas». Blanco valoró, además, «muy negativamente» un plan que, a su juicio, perjudicará «gravemente» a los usuarios de servicios públicos y a los profesionales que los prestan.
