Hubo un tiempo, a caballo entre el siglo XX y el XXI, en el que las vacas cementeras del hierro de la Generalitat engordaban en páramos semipúblicos como Terra Mítica o en el valle de la Ciudad de las Artes y de las Ciencias. Eran años en los que con cada idea u ocurrencia germinaba una fundación o empresa pública. Llegaron a brotar como champiñones hasta 130 chiringuitos —en palabras de la oposición— que servían para dar asilo, mesa y mantel a quienes no cabían en el primero, ni en el segundo ni en el tercer escalón de la Generalitat, además de para centrifugar deuda y oscurecer la gestión del dinero público y esconder los contratos al control de las Corts.
Cuando el expresidente Francisco Camps llegó al Palau en julio de 2003 se encontró sobre la mesa un plan de saneamiento de las cuentas públicas. El primero. La expresión pública de su militancia en la fascinación valencianista que le causó el influjo del Saló de Corts, la Valldigna o el Penyagolosa obedeció, en parte, a la necesidad de dedicarse al alma del pueblo valenciano, visto que el bolsillo de los tratamientos corporales había adelgazado. Con todo, Camps pudo seguir disparando con pólvora de rey, aunque con menos kilos de carga, a base de endeudamiento.
La Generalitat que ha heredado Alberto Fabra es líder en deuda con relación al PIB (representa un 17,4% de su generación de riqueza). Sus 17.895 millones que se adeudan —el presupuesto autonómico de 2011 asciende a 16.011 millones— y la depresión económica, de especial incidencia en una economía en la que el sector de la construcción pesaba como en ningún sitio, pinta a Fabra un horizonte negro carbón en el que la única opción de que entre la luz es darle a la tijera.
Si hace un tiempo, el debate era quién gestionaba la prestación de los servicios públicos —si el Estado del Bienestar debía ser administrado sólo por el sector público, en versión clásica socialdemócrata, o si cabía hablar de sociedad del bienestar vía concesiones, según revisión de la Tercera Vía— hoy la cuestión se centra en encontrar las fórmulas para hacer sostenible el andamio de los servicios. En esencia, la educación y la sanidad.
Desde que el 26 de julio Alberto Fabra hizo su aterrizaje forzoso en Presidencia, diversos consellers han ido agitando el debate sobre la posibilidad de establecer el copago (lo defendió Cabré, en Justicia, y luego rectificó y Vela especuló sobre esa fórmula en Sanidad) y, al hilo de la insuficiencia de la financiación que llega de Madrid, Castellano, el conseller Luis Rosado y el propio Alberto Fabra han apuntado que si no hay dotación económica,mejor devolver competencias. Tras estas declaraciones subyace la necesidad de hacer pedagogía de la austeridad. Alberto Fabra, el austero. Quizás sea esa la etiqueta con la que el actual presidente le gustaría volar por el imaginario colectivo. Lo que no deja de ser chocante en una Comunitat Valenciana en la que Zaplana, primero, y Camps, después, se han mofado de que en tiempos de Lerma «nunca pasaba nada» y que las pirámides de los eventos (Copa del América, Fórmula 1 o visita del Papa, como los más recientes) han devuelto la «autoestima» al pueblo valenciano.
La primera urgencia que tuvo que acometer Fabra, en términos económicos, fue ampliar en 700 millones de euros el alcance de los recortes que Camps había fijado en 1.150 millones. Fue una una exigencia del Estado, que ha añadido un agujero más al cinturón del Plan de Reequilibrio de las cuentas de la Generalitat 2010-2013 que, en el año en curso, ha de alcanzar un «ahorro» de 1.800 millones de euros. Fabra ha hecho de la necesidad virtud al convertir el drástico recorte en iniciativas de gobierno anunciadas en el discurso de investidura.
La brutal caída de los ingresos en el año 2008 , básicamente por la recesión en el sector del ladrillo —la recaudación por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales se despeñó un 44%— disparó el déficit y obligó a presentar el citado programa de ajuste presupuestario. El recorte en 2010 fue cifrado por el exvicepresidente Gerardo Camps en 1.500 millones de euros. En el pasado ejercicio, la contención del gasto en el capítulo de transferencias corrientes e inversiones alcanzó los 500 millones de euros el año pasado. A ese tijeretazo se añadió, entre otras, la reducción, siguiendo directrices estatales, en un 5% del sueldo de los funcionarios y hasta un 15% el de los altos cargos.
Entre las promesas electorales de Camps está la reducción de altos cargos y asesores en un 25%, promesa que, en mayor o menor medida, se aplicó en los nombramientos del segundo escalón.
Adelgazar el sector público suprimiendo conselleries, empresas públicas y fundaciones, racionalizar el gasto agrupando a todas esas sociedades en una corporación, con central de compras incluida, o reducir en un 30% las subvenciones son otras de las medidas de ahorro anunciadas. En lista de espera de ser intervenida está una RTVV para la que el Consell prepara un ERE que afectará a un millar de empleados.
Por ahora, son siete las fundaciones eliminadas y dos las empresas públicas que han desaparecido: la agencia de captación de inversiones (VCI), cuya labor queda subsumida en el IVEX, y la sociedad para promocionar la imagen de la Comunitat Valenciana.
La rebaja de subvenciones se ha visto ya en el DOCV. Las ayudas a las guarderías han menguado (en 2,3 millones), lo mismo que a la cooperación o al valenciano. El Consell promete mantener los niveles de inversión pública, pero el recorte en obra civil es ya también un hecho.
La hoja de ruta que deberá seguir Fabra la desgranó el 29 de julio el conseller José Manuel Vela. Pasa por amortizar 704 plazas vacantes en la Generalitat u ocupadas por eventuales. Un centenar de interinos han perdido ya su plaza por el efecto dominó de la reducción de la estructura administrativa.
Reducir un 22% el número de liberados, rebajar en 69,2 millones el gasto sanitario, ahorrar 19,1 millones en educación, recortar entre 215 y 260 millones el gasto farmacéutico o minorar los ingresos de las universidades en 132 millones son algunas cifras del plan de ajuste, la letra de un tango fatalista que deberá bailar Fabra. Minimizar el impacto social del ajuste en una Comunitat Valenciana con 600.000 parados es el reto y la responsabilidad del presidente.
1.800 millones: El plan de ajuste que exige Madrid
El Consell ha tenido que endurecer los recortes tras la revisión exigida por el Estado al programa de ajuste presupuestario 2010-2013. El presidente Fabra añadió 700 millones de recortes adicionales a los 1.150 anunciados por el dimitido Camps en su investidura en las Corts.
25%: Recorte de altos cargos y asesores
La reducción de la estructura de mando de la Generalitat fue una promesa electoral que se ha cumplido, al menos en parte, en los nombramientos del segundo escalón. El ajuste no ha llegado, por ahora, a las empresas públicas. Suprimir el 22% de los puestos de liberados sindicales o amortizar 704 puestos de funcionarios vacantes u ocupados por interinos son otras promesas.
17.895 millones: Deuda de la Generalitat
El presupuesto consolidado para 2011 alcanza los 16.015 millones. Ni con las cuentas de un año se saldaría la deuda de la Administración autonómica, la más endeudada de España en relación al PIB (17,4%).
