En todas las facetas de la economía, sale más a cuenta intermediar que producir. Que se lo pregunten a los agricultores. Tras el reabierto debate sobre si las diputaciones son necesarias o resultan un lujo insoportable en estos tiempos de ajuste —como sostiene el candidato socialista a la Moncloa, Alfredo Pérez Rubalcaba— subyacen dos tipos de planteamientos: el político y el económico. Dirimir el segundo es preguntarse por la intermediación, por cuánto cuesta la maquinaria provincial de gestión de los servicios que prestan estas instituciones y si sería o no más barato transferirlos a la Generalitat y a los ayuntamientos.

Mantener las tres diputaciones costará este año unos 502 millones de euros, de los que 285, 1 corresponden a Valencia, 87,9 a Castelló y más de 129 a Alicante. Es la cantidad que resulta de sumar en el presupuesto los cuatro primeros capítulos de gasto, esto es, personal, gasto corriente, gastos financieros y transferencias corrientes. El coste de las nóminas de los empleados (más de 4.000 entre las tres corporaciones provinciales) asciende a más de 153 millones de euros, mientras que el gasto corriente —para el funcionamiento de todas las infraestructuras provinciales— representa otros 98,3 millones. Entre las tres diputaciones, suman 235 millones en transferencias para gasto corriente de municipios, consorcios o empresas públicas.

Inversión para las carreteras

El capítulo global de inversiones reales apenas supera los 185 millones, una partida conformada básicamente por el dinero dedicado a las redes provinciales de carreteras (en Valencia hay más de 2.000 km a cargo de la diputación), mientras que las transferencias de capital, para que los ayuntamientos acometan inversiones (desde un centro de jubilados, hasta remendar una acera) apenas supera los 100 millones. Una de las conclusiones de cruzar estos datos es que por cada euro que se invierte, directa o indirectamente con cargo a las tres diputaciones valencianas, se gastan dos en mantener el engranaje para gestionarlos. Lo cual no significa que eliminar estas instituciones decimonónicas —están a punto de cumplir los 180 años— significaría ahorrar esos 500 millones. A no ser que se despidiera a todos los empleados públicos adscritos a estas instituciones.

Los socialistas valencianos han apostado, según explicó el coordinador del comité electoral, Ximo Puig, por que el dinero que transfiere el Estado a las diputaciones vaya directamente a los alcaldes. ¿Los recursos que salen de Madrid para nutrir las arcas provinciales representan una cantidad significativa en el total del presupuesto? Nada más y nada menos que dos de cada tres euros. En cifras absolutas, 514,1 de los 759 millones que conforman el presupuesto total. En el caso de Valencia, tres de cada cuatro. En 2011, la institución que preside Alfonso Rus tiene un presupuesto de 426 millones de euros. El 75% del mismo, exactamente 284, son transferencias corrientes del Estado. Otros 59 millones son aportados por la Generalitat. Los recursos que genera la propia institución por impuestos y tasas completan el resto de ingresos. La diputación de Alicante recibe este año 144 millones de Madrid, el 69% de sus 208,4 millones de presupuesto, mientras que las arcas públicas de la corporación provincial de Castelló se alimentarán, en un 68%, del dinero que les remite el Estado. De los 127,6 millones que gestiona este año Javier Moliner, 87,1 proceden de Madrid.

Alicante y Valencia, la tercera y cuarta con menos coste per cápita

Si hubiera que pagar a escote los servicios que prestan las diputaciones y sus inversiones, los residentes en cada una de las tres provincias valencianas se rascarían el bolsillo de manera muy desigual. En realidad, la diferencia estaría entre quienes viven en comarcas de Alicante y Valencia con los de Castelló. A estos últimos les saldría bastante más caro. De la división del gasto de la corporación provincial entre los habitantes censados se desprende Alicante y Valencia que son la tercera y cuarta más baratas de España. Sólo por detrás de Barcelona y Pontevedra. El coste per cápita en el primer caso es de 141,44 euros y, en el de la diputación gallega, 160,20. A cada alicantino le cuesta mantener su diputación 161,15 euros. Y a cada habitante de las comarcas de Valencia, 162,65. En ambos casos se está muy por debajo del coste medio de las 38 diputaciones españolas —las consideradas del régimen común—, que se sitúa en 280,06 euros por habitante. Más económica que la media, aunque no tanto, es la de Castelló. Si se repartiera la carga de gastos entre los 604.274 habitantes de esas comarcas, saldrían a 266,15 euros. La menor densidad de población de esa provincia es la explicación. El cociente de la división es menor, pero el tamaño de la provincia no permite una significativa reducción del presupuesto (127,6 millones), si se compara con, por ejemplo, Alicante (208,4). Básicamente por esa misma razón, la diputación más cara es la de Soria y la más barata, la de Barcelona.