Los 318 ayuntamientos de la Comunitat Valenciana que han presentado su liquidación del presupuesto de 2010 a Hacienda reconocen que su deuda con bancos y entidades de crédito ascendía el año pasado a cerca de 417,6 millones de euros, 95,2 millones más que un año antes. Este incremento supone una subida de casi el 30 % en un año.

Catorce municipios multiplicaron su deuda bancaria en 2010 con respecto al año anterior. Destaca el caso de Valencia, que salvo error en la liquidación avanzada por el Ministerio de Economía y Hacienda, el año pasado triplicó los créditos e intereses que tiene pendientes con respecto a 2009. La deuda del "Cap i Casal" creció en 180,2 millones en un sólo año.

Por lo que respecta al capítulo de personal, en el 57 % de los consistorios valencianos por encima de los 20.000 habitantes las nóminas representan más de una tercera parte del gasto global del ayuntamiento.

Entre estos municipios la mayor partida de personal la soporta el Ayuntamiento Riba-roja de Túria, donde el 50 % de los gastos se va en pagar a funcionarios y al resto de empleados que no trabajan para las empresas contratistas de servicios municipales, pues el sueldo de estos últimos se computa como gasto corriente. Así, a cada vecino de esta localidad del Camp de Túria la plantilla del consistorio le cuesta de media 562,49 euros al año, 218,24 más que la media autonómica que es de 344,25 euros por cabeza.

Oliva, Calp, la Vall d'Uixó, Santa Pola, Carcaixent y Llíria también destacan por tener un capítulo de personal con un peso importante, entre el 40 y 45 % del total de la partida de gastos.

El recurso al crédito, además, no ha servido a la mayoría de los ayuntamientos para equilibrar su presupuesto. Tal como avanzó el lunes Levante-EMV, la mitad de los ayuntamientos valencianos no lograron cuadrar sus cuentas. Es decir, los gastos fueron superiores a los ingresos, por lo que han tenido que liquidar el ejercicio con déficit. A pesar de las medidas de ajuste, el recorte en los gastos es todavía un reto para los consistorios de la Comunitat Valenciana. El gasto en personal apenas se redujo en su conjunto un 1 % mientras que los ingresos cayeron en torno a un 7 %. La crisis en el sector de la construcción y la obligación de prestar competencias impropias ha conducido a los ayuntamientos a una situación sin salida. El escenario dibujado por el informe de asfixia económica es mucho peor que en 2009.