El Centro de Investigación Príncipe Felipe de Valencia, una de las iniciativas estrella del gobierno del Partido Popular de la Comunitat Valenciana, puede tener los días contados de prosperar un ajuste presupuestario que reducirá el próximo año a la mitad los fondos de la Generalitat destinados a esta institución.

El próximo martes, 30 de agosto, el director científico del centro Carlos Simón, el gerente Carlos Pérez Espuelas y los miembros del comité científico se reunirán para debatir y proponer alternativas para encarar el futuro del centro, que este año se ha sostenido con un presupuesto de la Conselleria de Sanidad de algo más de 4 millones que en 2012 se reducirá a 2,2 millones, que es el coste básico de los servicios de mantenimiento.

La inviabilidad del centro, cuya gestión supervisa un patronato que preside el conseller de Sanidad, Luis Rosado, es un secreto a voces entre los investigadores, según ha podido saber de fuentes de todo crédito Levante-EMV.

De hecho y según ha podido saber este periódico, el propio gerente ha amenazado ya a algunos científicos con cerrarlo el año próximo.

Un recorte retroactivo

La Conselleria de Sanidad ha recurrido a una curiosa fórmula de contención económica con este centro, ya que en vez aminorar el presupuesto en cada ejercicio ha optado por hacerlo con carácter retroactivo sobre la dotación asignada y ejecutada. Esta curiosa fórmula, que se ha aplicado ya en dos ocasiones, ha generado un déficit que es lo que ha propiciado esta situación de insostenibilidad, según fuentes consultadas.

El primer recorte retroactivo, que fue de un 40 %, se notificó en 2010 pero tuvo que aplicarse sobre los 9 millones del presupuesto de 2009. Tan extravagante procedimiento provocó el despido de ocho trabajadores: seis técnicos de laboratorio y dos investigadores postdoctorales. Al menos ese fue el argumento con el que se justificó la rescisión de los contratos.

Fuentes próximas al Comité de Empresa declaron entonces: "Lo que ya está gastado ahora resulta que se debe". El recorte empezó a computarse como deuda.

El CIPF obtiene su financiación de las aportaciones de la Conselleria de Sanidad, del Ministerio de Ciencia e Innovación, de entidades privadas y de las convocatorias de ayudas nacionales e internacionales que consiguen los propios investigadores para sus proyectos.

Este centro de investigación se ha caracterizado siempre por su mala gestión y los desorbitados sueldos de sus directivos, ya que algunos de ellos superan con creces el del propio conseller.

Los millones del IVA devuelto

Otro capítulo de dudosa gestión ha sido el referente a los 7,5 millones de IVA que se abonaron en la construcción del centro -una parte se financió con fondos europeos- y que posteriormente revirtieron a la entidad al no existir ánimo de lucro en la obra.

Baste decir que para gestionar el cobro de ese millonario IVA, la dirección contrató a un bufete privado de abogados de Valencia al que abonó una suculenta minuta de 350.000 euros.

El destino de esos 7,5 millones ha sido muy azaroso durante estos últimos años. De hecho y según informaron a este periódico diferentes fuentes, parece ser que más de la mitad se invirtió en Bolsa y en la actualidad su paradero es una incógnita que los responsables tendrán que desvelar.

La plantilla del centro siempre ha contemplado esa cantidad como un "seguro extra" para hacer frente a cualquier eventualidad imprevista, como el déficit actual.