Mucha fue la guerra que dieron los radiólogos valencianos y muchos los informes que hicieron públicos las Sociedades científicas de Radiología -tanto la valenciana como la española- para oponerse con toda rotundidad a lo que se anticipaba como uno de los negocios más boyantes del siglo: la privatización de las pruebas de Resonancia Magnética en los hospitales de la red pública. Nada detuvo ese río de impetuosa fuerza económica y posterior sanguijuela de las arcas públicas que en el año 2000 activó el entonces presidente de la Generalitat Valenciana, Eduardo Zaplana.

De aquellos polvos vienen estos lodos.

El primer concurso que se licitó por 21.000 millones de pesetas con una vigencia de ocho años se adjudicó a tres empresas: Eresa, que antes del concurso ya tenía el servicio concertado y los equipos asentados en el hospital General de Valencia, que se quedó con Castelló y Valencia y la clínica de Benidorm, que llevaba el íntimo amigo de Zaplana Carlos Paz e Inscanner, propiedad de la familia del diputado popular y entonces presidente de las Corts, Luis de la Concepción.

Pasados los ocho primeros años del concurso, aquellos 21.000 millones de pesetas (130 millones de euros) iniciales se convirtieron en 45.00o millones (270 millones de euros) de facturación final. Un 30 % fue a las clínicas y centros de los allegados del exministro de Trabajo, Eduardo Zaplana.

El único bastión que estuvo al margen del concurso y de la privatización fue el hospital Doctor Peset de Valencia, que mantuvo su equipo propio y donde se hacían la mitad de pruebas -de 26 a 28 exploraciones por mil habitantes- que las que se realizaban en los hospitales que las tenían privatizadas. El coste también era llamativamente inferior, entorno a los 160 euros con el equipo propio frente a los 289 euros de media que se abona en la actualidad.

Se duplica el importe del concurso

La Comunitat Valenciana fue la única autonomía española que apostó y que sigue apostando por la privatización de este servicio, pese a ser un roto sin remedio aparente.

El último concurso que se falló en septiembre de 2008 se adjudicó a la UTE Erescanner Salud S.L., que está formada por las empresas Eresa, Inscanner SL, Beanaca SA -vinculada a Carlos Paz- y Ribera Salud (Bancaja y la CAM) donde Paz también está presente. En su licitación, la Conselleria de Sanidad duplicó el importe del concurso, que adjudicó por 475 millones de euros con una vigencia de diez años. En la actualidad hay unos 40 equipos montados en los hospitales públicos.

Un año más tarde, en 2009, la Mutua Univale consiguió mejorar los precios de la Conselleria de Sanidad al obtener un precio medio por exploración de 135 euros, bastante alejado de los 289 euros que abona la conselleria, según declararon fuentes de todo crédito.

Hay que destacar que ningún hospital de concesión privada ha optado por la fórmula de la conselleria y todos ellos disponen de sus propios equipamientos de Resonancia Magnética.

40 millones al año y una posible solución de una tarifa plana

La Conselleria de Sanidad informó a este periódico que el gasto anual de las pruebas de Resonancia Magnética asciende a 40 millones de euros, si bien la cantidad podría ser mayor según fuentes consultadas por este periódico.

Cuando el concurso se asignó a la UTE Erescanner Salud SL, el ahora conseller de Sanidad y entonces director de la Agencia Valenciana de la Salud, Luis Rosado, advirtió que si la adjudicataria superaba un número determinado de pruebas -dato que no se ha facilitado a este periódico- se penalizaría a la empresa.

La sanción consistía en reducir los precios, pero eso aún no ha ocurrido, según declaró ayer a Levante-EMV la portavoz de la UTE adjudicataria, Marta Saus, que precisó que lo que sí se ha reducido ha sido el presupuesto. Saus agregó que la resonancia en la actualidad es la "golden standard" (prueba de oro) del diagnóstico médico. Y que la UTE se ha comprometido con la conselleria a colaborar en la racionalización del gasto. Si bien, otras fuentes han sugerido que la propuesta de Sanidad podría ser acordar una tarifa plana con la UTE, de modo que se pagaría lo mismo por un número ilimitado de exploraciones. p. g. b. valencia