La gerencia del Centro de Investigación Príncipe Felipe (CIPF) planteará en la reunión extraordinaria monográfica que se celebrará el próximo martes, 30 de agosto, que se encargue una auditoría a la empresa Price Watherhouse para conocer la viabilidad de la institución científica en los próximos años.
El coste del estudio económico podría oscilar entre los 70.000 y los 80.000 euros, una cantidad que fuentes consultadas por este periódico han calificado de "desmesurada", habida cuenta de la deficiente economía del centro.
La reunión se ha fijado para las cuatro de la tarde del martes y a la misma asistirán el director científico, Carlos Simón, el gerente Carlos Pérez Espuelas y los cinco investigadores del comité científico.
El propio gerente informó a algunos empleados que una de las alternativas que se tratarán será la formalización de un ERE que conllevaría el despido del 20 % de la plantilla.
Por otra parte, un estudio económico realizado por CC OO y UGT a instancias del Comité de Empresa para confirmar si los despidos realizados en los últimos dos años obedecían a una reducción del presupuesto del 40 % en 2009 y del 34 % en 2010, tal y como había informado la gerencia del centro para justificarlos, ha puesto de manifiesto unas conclusiones demoledoras.
Un déficit irreal
En primer lugar, se indica que los informes de contabilidad interna que se usaron para rescindir los contratos no reflejan la realidad de la situación económica y que los ingresos y gastos correspondientes a los años 2009 y 2010, "han sido contabilizados internamente de manera inapropiada, lo que ha producido una situación de déficit que no es real".
El resumen del estudio, que el Comité trasladó a los empleados a principios de verano, refleja que los balances contables con los que se pretendían justificar los despidos no tuvieron en cuenta los 5,5 millones de euros correspondientes a la devolución del IVA por la construcción del edificio.
El informe también detalla que contablemente se había creado un gasto excepcional de casi 4 millones sin justificar.
Mientras, en las cartas de despido se indicaba que la proyección económica del CIPF para 2010 daba un saldo negativo de menos 6 millones.
Posteriormente, la memoria económica auditada de 2010 indicaba que el resultado presupuestario de ese año había sido de -2,3 millones pero al Comité de Empresa se le dijo que se cerró con -7,5 millones. Nada cuadra.
