La Generalitat impulsó en 2002 la Ley contra la Contaminación Acústica en la que se regulaba todo ruido producido por «actividades, comportamientos, instalaciones, medios de transporte y máquinas que puedan causar molestias a las personas» para cumplir con la normativa europea. Al mismo tiempo, dicha ley señala a los ayuntamientos como principales actores para hacer valer la ley mediante tres instrumentos: planes acústicos municipales, en los que se identifican las áreas acústicas; ordenanzas municipales, la normativa promovida por los consitorios; y las Zonas Acústicamente Saturadas (ZAS), que son aquellas en las que se producen unos elevados niveles sonoros debido a espectáculos o establecimientos, así como por el tráfico rodado.
Sin embargo, lejos de la realidad, todo este entresijo de normas y leyes que, a priori, deberían asegurar la salud y el descanso de los valencianos no sirve a efectos prácticos en la mayoría de casos. Todas las fiestas patronales y de interés turístico como pueden ser las Fallas, la Magdalena, las Hogueras de San Juan o, incluso, las fiestas patronales de los pueblos y sus respectivas verbenas y discos móviles estarían a salvo de la «ley del silencio».
El primer punto de la Disposición Adicional Primera de la normativa autonómica capacita a los ayuntamientos a «eximir, con caracter temporal, del cumplimiento de los niveles de pertubación máximos fijados en la ley a los actos de carácter oficial, cultural, festivo, religioso y otros análogas». Los niveles de los que habla la ley son de 65 dB(A) durante el día (8.00 a 22.00 horas) y de 55 dB(A) en la noche (22.00h a las 8.00 horas). Por ello, si se tiene en cuenta que las actuaciones musicales o los actos pirotécnicos superan los 100, el sueño de los vecinos está totalmente desprovisto de protección legislativa.
Así, durante el verano donde la mayoría de pueblos de la Comunitat Valenciana disfrutan de sus fiestas patronales o ferias la permisividad de los alcaldes se convierte en la pesadilla de los turistas y valencianos que buscan la tranquilidad y el relax.
A esta complicada situación se debe añadir, como ocurrió el pasado fin de semana en Cullera, que la falta de recursos impide que se cumpla la ley en un marco donde las incongruencias llegan hasta el punto de impedir que obras de rehabilitación de viviendas no puedan trabajar más allá de 4 horas al día sin restricciones mientras las fiestas de las comunidades de los vecinos están toda la noche en marcha, si no superen los 30 dB(A).
